El Derecho en ConTexto
Por Luis Daniel Juárez García
El 26 de abril de 2026, autoridades estatales de Nayarit sugirieron que detrás de las protestas ambientales en Playa Las Cocinas podrían existir intereses criminales. Un día después, el Poder Judicial del Estado libró órdenes de aprehensión contra ocho manifestantes por diversos delitos.
Los ambientalistas obtuvieron suspensiones de la justicia federal y continuaron su lucha. Durante semanas documentaron el daño ambiental en la zona, difundieron información pública y promovieron acciones legales para exigir la protección del ecosistema.
Dos meses después, la resistencia produjo resultados importantes.
Primero. La Fiscalía se desistió formalmente de la acción penal promovida contra mis defendidos. El Poder Judicial aceptó esa solicitud y decretó el sobreseimiento de la causa, cancelando el proceso penal iniciado contra quienes encabezaban la protesta. La carpeta de investigación quedó sin efectos jurídicos y pasó a formar parte de uno de los episodios más cuestionables de la historia reciente de la procuración de justicia en Nayarit.
Segundo. La evidencia científica y documental recabada por las y los ambientalistas llegó finalmente a las más altas instancias del país. El asunto alcanzó incluso a la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien instruyó su revisión inmediata.
Poco después, la SEMARNAT emitió un comunicado que, aunque ambiguo, parece reconocer que la lucha ambiental tenía fundamentos sólidos desde el principio. La autoridad federal señaló que la empresa responsable de las obras habría incurrido en irregularidades y excesos que provocaron un daño de enorme magnitud en un ecosistema tan delicado como Playa Las Cocinas.
Entonces surge una pregunta: si la lucha tenía razón, ¿por qué calificamos el comunicado como confuso?
Porque, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el documento parece más un mensaje político que un informe legal. El comunicado menciona investigaciones, solicitudes de intervención y procedimientos administrativos. Sin embargo, no identifica expedientes, números de oficio, acuerdos, resoluciones o registros que permitan verificar formalmente la existencia de esas actuaciones.
Quienes conocen el funcionamiento de la administración pública saben que los actos de autoridad dejan huella documental. Cuando una dependencia inicia investigaciones o procedimientos de relevancia pública, normalmente informa los números de expediente o las referencias administrativas correspondientes.
En esta ocasión no ocurrió así. Por ello surge una duda legítima: ¿existen formalmente todos los procedimientos que el comunicado afirma que se encuentran en marcha?
Pero existe un segundo problema, y quizá es el más importante.
La autoridad parece estar solicitando a una empresa que invirtió cientos de millones de pesos que revierta, por voluntad propia, obras ya ejecutadas y asuma los costos de restauración ambiental. Es difícil imaginar que una inversión de esa magnitud se hubiera realizado sin estudios, autorizaciones o asesorías jurídicas que, al menos desde la perspectiva de la empresa, justificaran la legalidad de sus actuaciones.
Si la empresa decide colaborar voluntariamente, el conflicto podría avanzar hacia una solución relativamente rápida. Pero si decide defender sus intereses, la historia apenas estará comenzando.
La autoridad tendría que recurrir a procedimientos administrativos y judiciales para obligarla a cumplir. Y la empresa, como ocurre con frecuencia en este tipo de casos, probablemente respondería litigando cada decisión.
Para una corporación que ha invertido cientos de millones de pesos, contratar despachos especializados para sostener una batalla legal durante años representa una fracción mínima de sus costos. Existen antecedentes de litigios promovidos por grandes empresas que se han prolongado durante décadas.
Mientras tanto, la incertidumbre jurídica permanecería sobre Playa Las Cocinas. La restauración ambiental quedaría suspendida en espera de resoluciones judiciales y el destino de la zona seguiría atrapado entre expedientes, recursos y tribunales.
Por eso vale la pena regresar a la pregunta inicial. Hace apenas unas semanas se insinuaba que detrás de la lucha ambiental podían existir intereses criminales.
Hoy, después del desistimiento de la Fiscalía, del reconocimiento federal sobre posibles irregularidades y de la evidencia acumulada durante meses por los propios ambientalistas, parece que la sociedad cuenta con muchos más elementos para responder por sí misma una pregunta inevitable:
¿Quiénes eran realmente los delincuentes al final en Playa Las Cocinas?