Ginna Medina para Panoramas en ConTexto
Por años, México ha aprendido a convivir con una tragedia que ningún país democrático debería normalizar: la desaparición de personas. Los números crecen, las fosas clandestinas siguen apareciendo, los servicios forenses permanecen rebasados y miles de familias continúan recorriendo caminos, cerros y terrenos baldíos en busca de quienes un día salieron de casa y nunca volvieron.
Lo más doloroso de esta crisis no es únicamente su magnitud, sino la incapacidad —o la falta de voluntad— de las instituciones para enfrentarla con la seriedad que exige. Mientras organismos internacionales, universidades, especialistas y colectivos documentan una emergencia humanitaria, desde el poder se insiste en minimizar el problema, cuestionar las cifras o atribuir las críticas a intereses políticos.
Y los datos son contundentes. El registro oficial supera ya las 135 mil personas desaparecidas en el país —en Nayarit la cifra reconocida es de 2 mil 182 personas—, con un promedio de entre 40 y 42 nuevas desapariciones cada día. No obstante, para organismos de derechos humanos y colectivos de madres y padres buscadores, la tragedia podría ser aún mayor. Desde hace años denuncian subregistros y cuestionan la metodología utilizada para depurar y reclasificar expedientes, convencidos de que las cifras oficiales están lejos de reflejar la verdadera dimensión de la crisis. Pero detrás de la disputa sobre los números existe una realidad imposible de maquillar: cada persona desaparecida deja una silla vacía en la mesa, una madre esperando una llamada, un padre aferrado a la esperanza, hermanos que crecen entre la incertidumbre y familias enteras atrapadas en una búsqueda que parece no terminar. Porque más allá de los registros oficiales y las estadísticas, hablamos de vidas ausentes, proyectos truncados y heridas que permanecen abiertas mientras no haya verdad, justicia ni respuestas.
La crisis golpea especialmente a los jóvenes. La mayoría de las personas desaparecidas se encuentra en el rango de edad de 25 a 29 años. En el caso de las mujeres, el grupo más vulnerable es el de 15 a 19 años, una realidad que debería encender todas las alarmas sobre las condiciones de violencia e inseguridad que enfrenta este sector de la población.
A ello se suma una crisis forense que evidencia el colapso institucional. Se estima que existen más de 72 mil cuerpos sin identificar en México, acumulados en servicios médicos forenses, fosas comunes y centros de resguardo que han sido rebasados por la magnitud del problema. La desaparición no termina cuando se localizan restos humanos; continúa mientras el Estado sea incapaz de devolverles un nombre y una historia.
Pero la dimensión de la tragedia no puede medirse únicamente en números. La desaparición en México también es una historia de impunidad. De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales, la inmensa mayoría de los casos permanece sin esclarecer y sin responsables sancionados. Para miles de familias, denunciar una desaparición implica enfrentarse a investigaciones deficientes, búsquedas tardías y una burocracia que frecuentemente traslada a las víctimas la responsabilidad de encontrar respuestas.
Amnistía Internacional ha advertido que las familias buscadoras continúan enfrentando obstáculos institucionales, falta de coordinación entre autoridades y mecanismos insuficientes para garantizar verdad, justicia y reparación. La consecuencia es devastadora: mientras las desapariciones aumentan, la confianza en las instituciones encargadas de investigarlas disminuye.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió recientemente que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos derivada de las desapariciones. La CIDH reconoce algunos esfuerzos institucionales, pero también señala enormes pendientes en materia de búsqueda, identificación, investigación y acceso a la justicia.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido igual de contundente. Diversos especialistas y colectivos sostienen que la dimensión real del fenómeno podría ser incluso mayor a la reconocida oficialmente debido a subregistros, clasificaciones cuestionables y mecanismos que terminan invisibilizando casos. La consecuencia es devastadora: una crisis que parece administrarse estadísticamente en lugar de resolverse.
Mientras tanto, las madres buscadoras siguen haciendo el trabajo que correspondería al Estado. Son ellas quienes excavan, documentan, investigan, organizan expedientes, identifican indicios y acompañan a otras familias. En muchos casos han logrado encontrar restos humanos, fosas clandestinas y evidencias que las autoridades no localizaron durante años. Su lucha ha trascendido la búsqueda de sus seres queridos; hoy representan uno de los movimientos de derechos humanos más importantes del país.
La paradoja mexicana es cruel. Quienes buscan a los desaparecidos también se han convertido en víctimas. Integrantes de colectivos de búsqueda han denunciado amenazas, hostigamiento y agresiones derivadas de su labor. En un país donde la búsqueda debería estar garantizada por el Estado, son las familias quienes terminan exponiendo su propia seguridad para hacer el trabajo que las autoridades no han logrado realizar. Y lo peor, el Estado se ha encargado de crear narrativas que intentan reducir su exigencia de justicia a una estrategia de desgaste contra los gobiernos en turno. El problema es que los desaparecidos no pertenecen a ningún partido político. Tampoco las madres que los buscan.
La discusión internacional parece avanzar más rápido que la respuesta nacional. La crisis mexicana llegará a la Asamblea General de las Naciones Unidas después de que el Comité contra la Desaparición Forzada considerara que existen elementos suficientes para elevar la preocupación al máximo foro político de la organización. El hecho es extraordinario y refleja la gravedad con la que el mundo observa un problema que en México aún genera resistencias oficiales.
Quizá por eso la pregunta que da nombre a esta nota resulta cada vez más incómoda: ¿quién terminará encontrándoles?
Todo apunta a que seguirán siendo las madres, los padres, los hermanos y las familias organizadas quienes continúen removiendo la tierra, revisando expedientes y recorriendo caminos. No porque les corresponda, sino porque el Estado mexicano ha demostrado una incapacidad alarmante para responder a una de las mayores crisis humanitarias de su historia reciente.
Y cuando algún día se escriba el balance definitivo de esta tragedia, tal vez quede claro que mientras las instituciones discutían cifras, narrativas y costos políticos, fueron las familias quienes sostuvieron la búsqueda de la verdad. Porque en México, frente a más de 135 mil personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar, la esperanza sigue teniendo rostro de madre buscadora.