Por Karina Cancino
En el proceso de designación del Ombudsperson en Nayarit, que llevarán a cabo las y los diputados locales — a la sombra de los otros Poderes—, es crucial trascender las lealtades políticas y reflexionar sobre la dolorosa realidad que el estado ha enfrentado en materia de Derechos Humanos. A pesar de la retórica que enarbola la defensa de estos derechos, la falta de rendición de cuentas persiste.
Durante más de una década, Nayarit ha sido testigo de violaciones graves a los Derechos Humanos, desde desapariciones hasta actos violentos de lesa humanidad. Sorprendentemente, las administraciones gubernamentales involucradas no han enfrentado consecuencias significativas, dejando un vacío de justicia palpable. Hay un exgobernador en prisión, pero los delitos por los que se le juzga actualmente no alcanzan en magnitud a su responsabilidad como parte del Estado —por acción u omisión —.
Es alarmante que a pesar de los acontecimientos violentos del pasado —y del presente, aunque en menor número— cuando resaltó la presencia de una policía encapuchada y su clara participación en crímenes, confesos por el propio exfiscal, su creador, Nayarit parezca haber desconectado su memoria.
Incluso, las autoridades que siguieron y las actuales, nos dieron paliativos. Justificantes repletos de practicidad burocrática. Y ante tales horrores, todo ocurre conforme la necropolítica: el miedo, el miedo a la muerte, vuelve sumisa a cualquier sociedad desarticulada… Todo esto, plantea serias dudas sobre la voluntad del estado para abordar el problema de frente. Los eslogan de “Haciendo historia en el presente y Juntos haremos historia”, solo han devenido en una vulgar desmemoria en tiempos de la posverdad…
Por eso, quien sea Ombudsperson se enfrentará a las irregularidades del pasado, porque el presente y el futuro vienen en cadena. Y ello solo podría ser si se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el presente. Las denuncias ciudadanas por abusos de autoridades deben ser tratadas con seriedad y diligencia, y las investigaciones no deben verse obstaculizadas por lealtades partidistas.
Los señalamientos no pueden limitarse solo a lo administrativo. La presencia de organismos internacionales trabajando en Nayarit destaca la gravedad de las violaciones sistemáticas que impactan directamente en las garantías y derechos de las personas. La ciudadanía necesita ver resultados tangibles, no solo promocionales electorales y mediciones de popularidad, para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de salvaguardar los Derechos Humanos en el estado.
Además, es preocupante la ausencia de un observatorio o comisión de la verdad funcional en Nayarit. La falta de mecanismos que permitan la participación social como garante de la atención a estos crímenes deja un vacío significativo en la búsqueda de justicia y verdad. Por eso, la designación de Ombudsperson no puede recaer en un figurín ni en un perfil de presunción curricular, sino en alguien con empatía y desapego institucional respecto a los gobernantes.
Es esencial que quien encabece la Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, no solo recuerde la importancia de abordar el pasado, sino que también abra caminos para la participación ciudadana en la supervisión de las acciones gubernamentales, ya que la falta de un espacio que garantice la verdad y la justicia crea un entorno propicio para la impunidad. Y de eso, tenemos sinnúmero de ejemplos.
Por todas estas circunstancias, las corazonadas partidistas de las y los diputados, en su mayoría de Morena, deben quedar atrás. Muchos de ellos fueron actores políticos del pasado, en tiempos donde las violaciones dejaron a familias incompletas, despojadas, y un Nayarit desmemoriado y silenciado. La legitimación pública y social no debe ser una cortina que oculte la responsabilidad de abordar estos desafíos críticos para el estado. La designación del Ombudsperson debe basarse en la integridad, el compromiso con los Derechos Humanos y la capacidad de enfrentar la verdad incómoda, más allá de las afiliaciones partidistas.
La defensa de los Derechos Humanos no tiene nada más que ver con defender a buenos y malos —como dice el manual y discurso gobiernista— sino que debe garantizar que todas las personas puedan defenderse de actos de autoridad que afecten a los debidos procesos, legales, institucionales, y en consecuencia de sus actos reciban lo conveniente.
Tan lejos de Dios y la Memoria, y tan cerca de las y los diputados…