Karina Cancino
Tepic.- La detención y posterior liberación, con pago de garantía, para seguir los procesos penales en libertad de tres ex funcionarios de Nayarit ha enfrentado aparentemente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, luego de sendas declaraciones, tanto del secretario de gobierno donde crítica el actuar de las y los jueces; y la defensa del magistrado presidente que asegura independencia y apego a la leyes.
En las últimas semanas fueron detenidos ex secretarios del cuatrienio de Antonio Echevarría, el de Economía, Ernesto “N”, el de Movilidad, Luis Alonso “N”, y citaron a comparecer al ex secretario de administración y finanzas, Juan Luis “N”, por distintas causas penales.
El secretario general de gobierno, Juan Echegaray externó públicamente, luego de que se diera a conocer que el ex secretario de Movilidad -y anteriormente el de Economía- llevaría en libertad el proceso tras pagar una caución de 800 mil pesos; que no compartía la decisión de la jueza.
“(…) que existiendo tanta evidencia no lo sujetaron a proceso, es decir, no lo privaron de la libertad, somos respetuosos de la decisión de quien en función del Poder Judicial, la jueza, determinó que podía el señor estar en libertad, pero no la compartimos que les quede muy claro eso, hay molestia de parte de nosotros, somos respetuosos pero hay molestia”, dijo Echeagaray Becerra.
Ante ello, el titular del Poder Judicial, Ismael González Parra aseguró que las y los juzgadores se basan en las leyes y cirterios jurisprudenciales.
“Tienen todas las garantías de autonomía e independencia para resolver los asuntos sometidos a su consideración, con base en la Constitución, las leyes, los criterios jurisprudenciales y su experiencia en la impartición de justicia; actúan conforme a derecho, si no fuera así, tanto la Fiscalía como la víctima o las demás partes que intervienen en un proceso tienen a su alcance el recurso legal correspondiente para hacerlo valer”, sostuvo.
Respecto al señalamientos sobre la filtración de información sobre las detenciones, González Parra dijo que de existir, la institución cuenta con un órgano interno encargado de revisar ese tipo de situaciones e irregularidades, y que de existir ello, sería sancionado.
Sobre ese caso, el de Luis Alonso “N”, -imputado por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos en general, usurpación de identidad equiparada y tráfico de influencias, y coalición de servidores públicos, por la entrega irregular de permisos del transporte público- la fiscalía del estado intentó combatir su liberación señalando que aquel quería abstraerse de la justicia -fue detenido en Tecate, Baja California- y que alguien le había filtrado información de que sería apresado.
Otro exfuncionario que debe presentarse a firmar quincenalmente tras pagar una garantía de 1 millón de pesos para seguir su proceso en libertad fue el de Economía, Ernesto “N”, vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones, al crear una empresa beneficiaria de programas estatales y federales durante su gestión.
Además Juan Luis “N” exsecretario de Administración y Finanzas, imputado por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos en general, tráfico de influencias, y usurpación de identidad, por asuntos relacionados con la entrega irregular de permisos de alcohol, lleva en libertad el proceso tras asegurar un millón de pesos y firmas quincenales, pero la audiencia de vinculación será el próximo lunes.
Otro caso que también reclamó la fiscalía del estado, fue la libertad bajo garantía del alcalde de Tecuala Gabino Jiménez señalado por coyotaje, quien tuvo que asegurar 100 mil pesos para seguir el proceso en libertad.