Por Karina Cancino
Francisco Alfonso «N», alias “El Paco”, ex escolta del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con desaparición forzada, ocultamiento, sepultamiento e inhumación de cuerpos.
Durante la audiencia llevada a cabo este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso elementos por los que se le relaciona con al menos 55 cuerpos localizados en el predio conocido como La Saucera, donde se encuentra la llamada Fosa de los 21, conocida por ser una de las más profundas del Estado, localizada en 2019 en Xalisco.
Rosa María Jara Montes, coordinadora del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A.C., quien acudió de modo virtual a la audiencia celebrada desde el estado de Guanajuato, informó que el juez concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria debido a la magnitud del caso y a las distintas líneas de investigación abiertas.
Durante este tiempo, Francisco «N» permanecerá recluido en el Cereso de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, a pesar de que la FGR solicitó su traslado al Cefereso número 12 de Ocampo, Guanajuato, por motivos de seguridad.

Sin embargo, la jueza de control determinó que por ahora no era posible debido a que enfrenta otro proceso del fuero común en Nayarit, por abuso de autoridad y asociación delictuosa, por el cual fue vinculado previamente el 20 de marzo pasado.
De acuerdo con Jara Montes, Francisco Alfonso «N» fue señalado durante la audiencia como una persona cercana a Édgar Veytia, a quien habría servido como, jefe de escoltas y particular.
La coordinadora del colectivo explicó que los testimonios expuestos durante la audiencia lo ubican presuntamente como un operador dentro de la estructura que se investiga.
Según dijo, testigos lo señalaron como una persona que distribuía droga que presuntamente provenía de la propia Fiscalía de Nayarit en bares de Tepic y otros municipios.
Jara Montes afirmó que, de acuerdo con esos testimonios, Salazar indicaba a propietarios de establecimientos qué sustancias debían vender, en qué cantidades y posteriormente cobraba el dinero.
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También, fue señalado como presunto responsable de actos de extorsión contra dueños de bares.
Según la entrevistada, un testigo protegido describió, durante la audiencia, cómo se realizaban torturas contra personas privadas de la libertad, cómo presuntamente eran ingresadas al penal estatal «Venustiano Carranza# de Tepic, sin autorización judicial y cómo eran obligadas a entregar terrenos y propiedades.
La coordinadora del colectivo señaló que ese testimonio también habría referido que algunas víctimas eran presionadas para integrarse al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que, según la declaración expuesta, buscaba consolidar su presencia en Nayarit.
“Lo que me sorprendió fue escuchar cómo esta persona relataba la manera en que torturaban a las personas, cómo los obligaban a quitarles ciertos terrenos y a pertenecer al Cártel Jalisco”, dijo.
Entre los relatos que calificó como más impactantes mencionó que el testigo protegido habría señalado que algunas personas desaparecidas presuntamente fueron arrojadas a cocodrilos para evitar que fueran encontradas.
Jara Montes aclaró que se trata de un testimonio referido durante la audiencia y no de un hecho declarado judicialmente probado, pero consideró que esa práctica explicaría por qué algunas familias podrían no recuperar a sus seres queridos.
“Creo que muchos de los ausentes no podrán regresar a sus hogares con todas estas prácticas”, expresó.

Otra de las situaciones que, según la entrevistada, se conoció durante la audiencia fue la relación de el ex escolta con el predio La Saucera.
Señaló que el propietario del terreno declaró que Francisco llegó un día al lugar y le pidió que dejara de llegar al sitio porque el predio ya pertenecía a la Fiscalía y a sus jefes, entonces encabezada por Edgar Veytia (2013-2017).
En el lugar fueron localizadas diversas fosas clandestinas, incluida la llamada Fosa de los 21, donde fueron encontrados los restos del hijo de Rosa María Jara y de otros jóvenes privados de la libertad.
La coordinadora del colectivo señaló que en la investigación también aparece mencionado el comandante Jimmy, quien ya fue vinculado a proceso, y afirmó que fue señalado como una de las personas presentes durante la inhumación de los 21 cuerpos.
Explicó que la cifra de 55 cuerpos relacionados con Francisco Alfonso corresponde a los restos localizados en ese predio, aunque utiliza la expresión “al menos” debido a que, según lo expuesto por la FGR, existen personas desaparecidas relacionadas con estos hechos que aún no han sido localizadas.
Fiscalía de Nayarit nunca investigó mandos: Jara Montes
Rosa María también cuestionó que la Fiscalía estatal no haya actuado contra otros funcionarios señalados por víctimas y testimonios, a pesar que tenía conocimiento y en algunos casos órdenes de captura en contra de altos mandos y no solamente en contra de altos mandos.
“Me sorprende que Fiscalía del Estado nunca se metió a las investigaciones de estos tipos cuando realmente muchos de ellos seguían estando en el estado”, señaló.
También cuestionó que personas que laboraron durante esa etapa continúen dentro de instituciones públicas y rechazó los argumentos de quienes aseguran que actuaron bajo órdenes.
“No acepto ni permito cuando dicen ‘nos obligaban’, porque no te pueden obligar a matar a una persona y tú seguir trabajando ahí”, afirmó.
Sobre la actuación de la jueza durante la audiencia, Jara Montes dijo que la juzgadora cuestionó a la fiscalía de Nayarit y dijo que, cómo una institución creada para procurar justicia pudo estar relacionada con hechos de esa naturaleza.
Según la interpretación de la buscadora, la jueza planteó que no solamente se hablaba de una institución que protegía delitos, sino de una posible participación dentro de una estructura donde habrían ocurrido desapariciones, ocultamiento de cuerpos, actividades relacionadas con narcotráfico y otros delitos.
¿Cuándo extraditan a Veytia?: víctima
La entrevistada también hizo referencia al exfiscal Édgar Veytia, señalado por víctimas como una figura central de la estructura investigada.
Recordó que fue detenido en Estados Unidos en marzo de 2017, condenado por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente obtuvo beneficios tras colaborar en el caso contra Genaro García Luna.
Jara Montes dijo desconocer si existe una solicitud formal para que Veytia sea requerido por autoridades mexicanas por los hechos relacionados con desapariciones, pero cuestionó que permanezca fuera del país.

Para Rosa María Jara, los testimonios escuchados durante la audiencia muestran la dimensión del daño causado a las familias buscadoras, desde el aparato gubernamental en el estado.
Recordó que cuando encontró a su hijo en una fosa clandestina sintió que “el mundo se venía encima”, pero dijo que conocer estos relatos también representa una oportunidad para entender qué pudo haber ocurrido con otras personas desaparecidas y reforzar su insistencia para que llegue la justicia.
Finalmente, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) que colabore con las autoridades federales, que continúe las investigaciones sobre agravios de lesa humanidad y que lleve a cabo los procesos correspondientes.