Por Karla García
Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo y director jurídico de CIBanco, figura entre los principales nombres señalados en las investigaciones financieras impulsadas por autoridades de Estados Unidos y México por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones ilícitas y redes financieras internacionales.
Su presunta participación dentro de la estructura directiva del banco ha sido incluida en los expedientes revisados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las acciones emprendidas contra CIBanco colocaron a Roberto Pérez Estrada en el centro de las indagatorias junto con el presidente de la institución, Jorge Rodrigo Rangel de Alba.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la institución financiera habría facilitado durante varios años operaciones relacionadas con movimientos de recursos presuntamente vinculados a actividades criminales, motivo por el cual fue objeto de sanciones e intervenciones regulatorias.
Según la información difundida por el Departamento del Tesoro, Roberto Pérez Estrada fue incorporado a las revisiones realizadas sobre la operación y el gobierno corporativo de la institución.
Las investigaciones buscan determinar el alcance de las responsabilidades de los integrantes de la dirección del banco en las operaciones detectadas por las autoridades financieras.
En México, el caso también derivó en acciones judiciales. El Poder Judicial de la Ciudad de México ordenó medidas cautelares que incluyen un embargo por 500 millones de pesos, además de disposiciones de control sobre la sociedad holding relacionada con el grupo financiero.
Entre las personas alcanzadas por estas medidas se encuentra nuevamente Roberto Pérez Estrada, junto con Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunell, integrantes de su familia y el abogado Salvador Arroyo Rodríguez.
Las investigaciones se desarrollan en un contexto de creciente preocupación internacional por los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para mover recursos ilícitos a través de estructuras financieras complejas.
Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), con sede en Bulgaria, advierte sobre la colaboración entre cárteles mexicanos y redes criminales chinas para el lavado de ganancias obtenidas principalmente del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
El reporte señala que estas organizaciones participan tanto en el suministro de precursores químicos como en esquemas financieros destinados a ocultar el origen de recursos ilícitos.
Entre los mecanismos identificados se encuentra la recepción de dólares procedentes de actividades ilegales en Estados Unidos para posteriormente entregar pesos mexicanos a integrantes de organizaciones criminales en México.