El Ayuntamiento de Bahía de Banderas, encabezado por el alcalde Héctor Santana, autorizó una licencia de construcción para un desarrollo turístico en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, por la que se pagaron 21 millones 528 mil 481.64 pesos, de acuerdo con el recibo R6-000397.
La autorización fue emitida el 23 de abril de 2025 bajo el folio A 0517 y el expediente DUXII-0600/25, a favor de Proyecto H5 Nayarit, S.A. de C.V., vinculada a Grupo DINE, y permite la construcción de un complejo con viviendas unifamiliares y plurifamiliares, hotel, albercas y áreas de servicio en una superficie superior a 58 mil metros cuadrados, con vigencia de 1,080 días.
Además, el documento designa como Director Responsable de Obra al arquitecto Juan Salvador Camberos Vejarde y fue firmado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de Juan Edel Castro Sotelo.
Sin embargo, el título de concesión ISO MR DGZF-336/04, otorgado el 19 de julio de 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Cantiles de Mita, S.A. de C.V., establece un uso exclusivamente de “protección” sobre una superficie de 54,879.67 metros cuadrados en la zona.
A ello se suman las resoluciones de Semarnat contenidas en los oficios 138.01.03/2960/2025, del 14 de agosto de 2025, y 138.01.03/4439/2025, del 4 de noviembre de 2025, en los que la dependencia determinó que el aviso de obra presentado por la empresa no acreditaba condiciones de emergencia — como lo planteó para excusar una construcción —ni sustento suficiente para ejecutar intervenciones sin autorización ambiental previa.
La autoridad federal insistió en que las obras en zona federal marítimo terrestre —como colocación de roca, manejo de sedimentos o reubicación de vegetación— requieren autorización formal y no pueden realizarse bajo figuras de emergencia.
Pese a estas restricciones, el expediente municipal sustenta la licencia en compatibilidades urbanísticas, uso de suelo, factibilidades de servicios de agua potable y drenaje, así como en una manifestación de impacto ambiental fechada en el año 2009, sin actualización específica para el proyecto actual.
El complejo, que tendría una inversión aproximada de 10 mil millones de pesos y la generación de más de mil empleos, fue autorizado en el mismo polígono donde la concesión federal limita cualquier intervención a la conservación del litoral, garantiza el libre tránsito y prohíbe la construcción de infraestructura permanente.
En paralelo, habitantes de Punta de Mita mantienen protestas contra el proyecto y han documentado intervenciones en la zona, además de denunciar actos de represión por parte del gobierno estatal, incluyendo la detención de tres personas que posteriormente fueron liberadas tras hacerse pública la situación.
El fin de semana realizaron un plantón en Playa Las Cocinas para exigir la suspensión de las obras, el respeto al acceso público a las playas y claridad en los permisos, así como la revisión de los posibles impactos al ecosistema costero.
Las protestas también se realizaron en Tepic, donde manifestantes se instalaron frente a Palacio de Gobierno simulando un día de playa con toallas y sombrillas como forma de presión.
Hasta ahora, el gobierno de Santana no ha reconocido públicamente la licencia otorgada; sin embargo, el alcalde ha señalado en redes sociales que su administración actúa conforme a la legalidad y que el caso se revisa en mesas de trabajo con autoridades federales, estatales, la empresa y habitantes de la zona, donde —ha dicho— cualquier determinación dependerá del análisis técnico y del cumplimiento de la normatividad.
Por su parte, el gobierno estatal, encabezado por Miguel Ángel Navarro, aseguró en conferencia que el caso se atiende mediante diálogo, defendió la construcción del complejo inmobiliario y afirmó que “el acceso público a las playas está plenamente garantizado conforme a la ley”. Añadió que el proceso busca “conciliar el interés de ambas partes y alcanzar un equilibrio en el marco de la ley”.
En ese contexto, autoridades, habitantes y la empresa han planteado una serie de compromisos en proceso, entre ellos la posible creación de un acceso público a Playa Las Cocinas, ajustes al proyecto con socialización comunitaria, la rehabilitación del pozo de agua de Fonatur y de la cancha de Corral del Risco, así como la realización de un estudio con Conagua y la Comisión Estatal del Agua para ubicar un nuevo pozo.
También se contempla un proyecto de ordenamiento costero a corto, mediano y largo plazo, el amojonamiento del límite de la zona federal marítimo terrestre y la presentación de modificaciones al desarrollo para su revisión por parte de la comunidad.
Aunque el alcalde Héctor Santana dice que el municipio no puede dar permisos en zona federal de playa, el Ayuntamiento sí emitió una licencia de construcción porque esa autorización corresponde a la parte del terreno que está registrada dentro del municipio y no a la playa como tal.
Es decir, el gobierno municipal puede autorizar la construcción en el predio donde se ubica el proyecto, pero no puede autorizar obras dentro de la franja de playa o zona federal marítimo-terrestre, que depende de la Federación.