Por Karina Cancino
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó irregularidades en obras realizadas en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el inmueble Montage ubicado en zona federal marítimo terrestre (Zofemat), por lo aseguró que mantiene la revisión del título de concesión.
La dependencia afirmó que esto es parte de inspecciones técnicas realizadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, señaló que las irregularidades corresponden a obras de enrocamiento y contención realizadas dentro de una superficie concesionada cuyo uso está limitado exclusivamente a la protección del litoral, sin autorización para infraestructura permanente.

Asimismo, precisó que las condiciones del título de concesión vigente no contemplan construcciones ni modificaciones a la dinámica natural de la playa.
Semarnat informó que la revisión del título de concesión permanece en curso dentro de procedimientos administrativos previos, incluido el seguimiento al aviso de emergencia emitido en noviembre de 2025.
El comunicado no refiere en ningún momento la cancelación o retiro del título de concesión.
La dependencia indicó que ha sostenido reuniones con representantes del proyecto, así como con autoridades federales y estatales, para definir una ruta jurídica y de atención ambiental del sitio.
Entre las acciones consideradas se encuentra el retiro voluntario de obras y la restauración del área afectada.

Como parte del seguimiento, el próximo 25 de junio se realizará una visita técnica conjunta con participación de áreas de Semarnat y Profepa para evaluar el estado del sitio.
La autoridad federal reiteró que la protección de los ecosistemas costeros, el acceso público a las playas y el cumplimiento de la legislación ambiental son principios centrales de su actuación.
Antecedentes
El conflicto en Playa Las Cocinas tiene como antecedente una serie de intervenciones con maquinaria pesada, nivelación de arena, apertura de brechas en vegetación costera y colocación de estructuras de piedra, lo que derivó en clausuras temporales y revisiones administrativas.
En 2025, la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo DINE, solicitó autorización mediante un aviso de obras de emergencia, argumentando erosión costera.
Sin embargo, el 14 de agosto de 2025, mediante el oficio 138.01.03/2960/2025, Semarnat determinó que no se acreditaba una condición de emergencia que justificara intervenir sin autorización.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la dependencia reiteró mediante el oficio 138.01.03/4439/2025 que las obras requerían autorización previa por tratarse de intervenciones en zona federal marítimo terrestre.
En ambos casos, la autoridad ambiental advirtió que las intervenciones implicaban afectaciones a dunas, vegetación, manejo de sedimentos y colocación de infraestructura, sujetas a evaluación ambiental.
Pese a estas determinaciones, habitantes y colectivos ambientales han denunciado la continuidad de trabajos en distintos momentos, lo que provocó nuevas inspecciones y acciones de Profepa durante 2026.
El Comité Puntamitense ha documentado las intervenciones y sostiene que no se trata de mantenimiento, sino de modificaciones sustanciales del litoral, además de advertir riesgos al acceso público a la playa y a los ecosistemas costeros.

La empresa sostiene que las obras forman parte de un proyecto de protección ante la erosión, que ha reducido entre 12 y 31 metros la línea de costa desde 2007, e incluye medidas de mitigación ambiental.
A partir de esta situación, se han generado tensiones entre autoridades, comunidad, colectivos ambientales y el sector empresarial en Punta de Mita, además de protestas ciudadanas, revisiones federales y mesas de diálogo.
El gobierno estatal ha defendido la importancia de las inversiones en la región; el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro defendió alos empresarios y señaló el 6 de mayo que debe existir equilibrio entre empresa, gobierno y comunidad.
“Grandes inversiones que, si no se llega a un equilibrio social entre la empresa, el Gobierno de Nayarit y la comunidad, podrían tomar alas y volar del estado”, expresó.
