Por Karla García
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, continúa proyectando hacia el exterior una imagen de institucionalidad, equilibrio y control del Poder Judicial capitalino. En eventos públicos habla de transparencia; en ceremonias oficiales insiste en la modernización de la justicia; frente a cámaras mantiene el discurso de autonomía judicial.
Pero dentro del tribunal, cada vez menos personas creen que el verdadero centro de poder se encuentre en la presidencia.
Porque detrás de la oficina principal aparece una figura cuyo nombre comienza a repetirse con una mezcla de temor, cálculo y resignación: Karen, secretaria particular de Rafael Guerra Álvarez.
Su cargo parece menor en comparación con el peso político que acumula. Sin embargo, magistrados, funcionarios y operadores judiciales describen una estructura donde Karen no solo administra agendas o reuniones: administra accesos, favores, influencias y silencios.
En los pasillos del tribunal se dice que Karen necesita intervenir en cualquier asunto medianamente relevante. No importa si se trata de un nombramiento interno, un conflicto administrativo, una negociación política o un expediente delicado. Si algo implica dinero, exposición pública o capacidad de presión, inevitablemente termina orbitando alrededor de su oficina.
“Nadie quiere quedar fuera de su radar”, comenta un funcionario judicial. “Porque si Karen decide cerrarte la puerta, desapareces dentro del tribunal.”
La percepción interna ya no gira únicamente alrededor de su cercanía con el presidente, sino alrededor de algo más inquietante: la sensación de que Karen opera como un poder paralelo que no responde a controles institucionales visibles.
Diversas voces dentro del Poder Judicial capitalino sostienen que su influencia crece precisamente gracias a la opacidad. No firma resoluciones. No vota en sesiones. No aparece encabezando acuerdos públicos. Pero muchos aseguran que sabe perfectamente qué asuntos avanzan, cuáles se frenan y quién obtiene acceso privilegiado a las decisiones importantes.
Incluso existen señalamientos internos sobre su cercanía con intereses financieros altamente cuestionados.
Uno de los nombres que aparece recurrentemente en conversaciones privadas es el de CI Banco, institución financiera envuelta en polémicas y acusaciones públicas relacionadas con operaciones presuntamente irregulares y afectaciones a cuentahabientes. Aunque no existe una resolución judicial firme que establezca responsabilidades definitivas, dentro del tribunal crece la incomodidad por la aparente disposición de ciertos operadores a mantener cercanía con grupos financieros bajo sospecha pública.
“Karen no distingue entre crisis reputacionales o conflictos éticos”, afirma un ex colaborador del tribunal. “Si un grupo conserva influencia o capacidad económica, ella quiere tener control sobre el vínculo.”
Esa lógica ha comenzado a erosionar internamente la percepción de independencia judicial. Funcionarios describen un ambiente donde el poder ya no se construye mediante criterios jurídicos, sino mediante relaciones personales, acceso selectivo y lealtades cuidadosamente administradas desde oficinas privadas.
Algunos magistrados evitan confrontarla. Otros prefieren acercarse a ella antes que al propio presidente. Y varios funcionarios jóvenes entienden rápidamente que dentro del tribunal existe una regla tácita: las decisiones formales pueden tomarse en salas públicas, pero las verdaderamente importantes suelen definirse antes, lejos de cualquier transparencia institucional.
Mientras tanto, Rafael Guerra Álvarez continúa siendo el rostro visible del Poder Judicial capitalino.
Pero dentro del edificio, la frase que circula cada vez con menos discreción resulta mucho más brutal:
“El presidente tiene el cargo. Karen tiene el control.”