El Derecho en ConTexto | Luis Daniel Juárez García
La mañana del 11 de marzo, el activista ambiental Erik Saracho regresaba a su casa en San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit, después de dejar a su hija en la escuela. Minutos más tarde, un hombre armado abrió fuego contra él. Saracho sobrevivió.
El atentado volvió a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda que trasciende un caso particular: ¿qué tan eficaz es el sistema de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos cuando las agresiones siguen ocurriendo?
La interrogante no es menor. Durante 2024 se registraron 25 agresiones letales contra periodistas y personas defensoras en México. Varias de las víctimas estaban incorporadas al sistema federal de protección, un mecanismo creado precisamente para evitar ese tipo de desenlaces. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que su objetivo es garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes enfrentan riesgos por ejercer el periodismo o defender derechos fundamentales.
Sin embargo, la realidad revela una paradoja inquietante: el Estado reconoce el riesgo, otorga medidas de protección… y aun así los ataques ocurren.
Una de las fallas más señaladas es la falta de coordinación institucional. Aunque el mecanismo depende del gobierno federal, muchas de las medidas deben ejecutarse a nivel estatal o municipal. En la práctica, esto significa que una orden de protección puede emitirse desde la Ciudad de México, mientras su aplicación queda en manos de autoridades locales que no siempre cuentan con los recursos, la información o la voluntad para implementarla.
A ello se suma que las propias medidas previstas en la ley suelen resultar limitadas frente a contextos de violencia más complejos. Botones de pánico, teléfonos de emergencia o rondines policiales pueden ofrecer cierto efecto disuasivo, pero difícilmente constituyen un obstáculo real cuando detrás de una agresión existen intereses económicos, conflictos territoriales o incluso estructuras del crimen organizado. En esos escenarios, dichas medidas a veces apenas permiten documentar el riesgo, no necesariamente impedirlo.
Otro problema estructural es la ausencia de una estrategia preventiva efectiva. El sistema está diseñado para proteger a la persona en riesgo, pero no para neutralizar la amenaza. Mientras los agresores permanezcan libres, el peligro persiste.
A ello se suma un factor que atraviesa buena parte de la política de seguridad en el país: la impunidad. México se mantiene entre las naciones con mayores niveles de impunidad, lo que debilita cualquier intento de protección institucional.
En ese contexto ocurrió el atentado contra Saracho. El activista ya formaba parte del mecanismo federal desde finales de octubre de 2025, cuando la Junta de Gobierno del sistema refrendó por unanimidad las medidas de protección para quienes defienden la playa de San Pancho. Es decir, el Estado mexicano tenía conocimiento previo del riesgo que enfrentaba.
Desde el discurso oficial suele repetirse que “quien lucha por la justicia nada debe temer”. La experiencia mexicana, sin embargo, parece contar una historia distinta: en el país, defender el territorio, denunciar abusos o investigar al poder puede significar vivir bajo amenaza permanente.