Por Karina Cancino
La defensa del activista ambiental Isaac Cárdenas “Chakin” y de Edgar Iván denunció que la autoridad judicial les impone una serie de requisitos adicionales que funcionan como trabas y retrasan la resolución de su proceso penal, por presunto daño moral.
Joel Alejandro Hernández, abogado de los imputados, calificó estas medidas como infundadas y discriminatorias, y aseguró que solo buscan prolongar las restricciones a la libertad de los acusados.
Según Hernández, la audiencia de este martes se centró en la solicitud de una “salida alterna”, conocida como suspensión condicional del proceso, que permite detener temporalmente el procedimiento penal bajo ciertas condiciones y evitar un juicio completo.
Esta medida, explicó el abogado, se concede habitualmente sin mayores requisitos, pero en este caso se añadieron condiciones adicionales impuestas por el Ministerio Público y respaldadas por el juez.
“Para nosotros es infundado. Lo único que buscan es dilatar el proceso y mantenerlos sujetos a restricciones de su libertad personal”, afirmó Hernández.
Los imputados no están en prisión, pero deben cumplir medidas cautelares que los obligan a firmar periódicamente ante la autoridad, limitando su movilidad y su vida cotidiana.
Entre los requisitos adicionales más relevantes está la realización de una evaluación psicológica para determinar si los acusados son aptos para la suspensión condicional y no representan un riesgo social.
Hernández señaló que esta medida no se exige a otros imputados en circunstancias similares y consideró que podría estar relacionada con la orientación sexual o identidad de los acusados, quienes forman parte de la comunidad LGBT+.
“Si buscas proteger la dignidad humana de las personas que pertenecen a ese colectivo, entonces facilítales la solución al proceso, en vez de agregarles requisitos que solo dilatan su acceso a la justicia”, afirmó.
El abogado también explicó que el juez ha planteado otros cuestionamientos que no forman parte del procedimiento estándar.
Por ejemplo, se solicitó conocer si los imputados son aptos para reinsertarse socialmente, un planteamiento que Hernández calificó como discriminatorio y fuera de lugar, ya que, según él, cualquier otra persona con el mismo planteamiento podría acceder a la suspensión condicional sin estas exigencias.
“Lo que nosotros advertimos es que los están tratando de molestar. No es un juez que desde el inicio haya llevado el proceso; pueden ser distintos jueces quienes tomen decisiones que afectan a los imputados”, indicó.
Hernández agregó que la defensa solicitó que la evaluación psicológica sea realizada por personal de la dirección pospenales de Tepic, dependiente del Estado.
Una vez emitido el dictamen, se podrá reactivar la suspensión condicional del proceso.
“Si resultan aptos, se tendría que aprobar porque ya no habría margen para que la autoridad dilate el procedimiento”.
El abogado enfatizó que el sistema de justicia penal actual busca un enfoque restaurativo y no retributivo, centrado en reparar el tejido social.
En este caso, afirmó, no hay daños materiales, económicos ni psicológicos a terceros, por lo que los requisitos impuestos son innecesarios y solo entorpecen la justicia.
La solución, según Hernández, es clara: realizar la valoración psicológica y programar nuevamente la audiencia para aprobar la suspensión condicional, asegurando que los imputados puedan recuperar su libertad plena y el acceso a una justicia pronta y expedita.
“La autoridad debería enfocarse en la justicia restaurativa y no en crear obstáculos que retrasen el proceso sin fundamento legal”, concluyó Hernández, subrayando que este tipo de trabas afectan directamente a la vida de los imputados y ponen en riesgo el derecho a una resolución rápida y justa.
FOTO: Isaac Cárdenas «Chakín»