Karina Cancino
En Huajicori, un municipio de Nayarit con apenas 12 mil habitantes, entre ríos, árboles y tierra, pobladores — que no dan sus nombres por miedo— han encontrado a su paso cuerpos humanos flotando en las aguas y restos de personas abandonadas en las cañadas. Unos sobre otros. Haciendo montañas.
Allá arriba, en las comunidades serranas donde desde hace meses se repiten los enfrentamientos armados y el desplazamiento forzado, la gente habla en voz baja de desapariciones, de hambre, de saqueos. De delitos que se acumulan como los muertos.
La pocas denuncias sobreviven al silencio impuesto por el miedo. En algunas comunidades los grupos criminales revisan los teléfonos celulares y llevan una lista de las personas que entran y salen.
Los testimonios sobre la cantidad de cuerpos que esperan ser recogidos e identificados por las autoridades fueron
llevados hasta el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero por Fabiola Campos, coordinadora del colectivo Ágape, quien desde hace más de seis años busca a su hija. Hoy exige que se recuperen los restos de estas víctimas.
“Nosotros sabemos que ahí quedaron más de 180 cuerpos. No solo de Huajicori, si no de otras partes. Lo dicen los familiares de las personas fallecidas y los habitantes de la zona, pero las autoridades solo han reconocido 16 y la gente habla de muchos más”, dijo Campos en entrevista.
El 26 de marzo, Fabiola, durante una reunión con el gobernador le pidió recuperar los cuerpos en Huajicori. Supo de ellos porque su colectivo busca a Emiliano Ulises “N”, un joven desaparecido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pero que una denuncia anónima les dio a conocer que fue reclutado forzadamente y llevado hasta Huajicori, pero había sido asesinado en un enfrentamiento en enero pasado y su cuerpo permanecía junto al de otros. Cientos.
En esa reunión, Fabiola también expuso el asunto al fiscal especial de búsqueda de personas desaparecidas de Nayarit, Julio César García Jiménez, quien reconoció que las vías de acceso están minadas y que Sedena y la Guardia Nacional han evitado ingresar a los lugares, por seguridad.
“Le pedí que usaran los helicópteros, los drones, pero si la Guardia Nacional y Sedena no nos van a ayudar ¿a quién le vamos a pedir ayuda entonces?”, reclamó Fabiola Campos, quien desde hace más de seis años recorre cerros y brechas buscando a su hija, Dania Michel Torres Campos, desaparecida en 2017.
Las familias, además de cargar con la desaparición de sus hijas e hijos, también enfrentan la angustia de saber que sus cuerpos podrían estar tirados en la sierra, expuestos al sol, a los animales, al agua y al tiempo. Al olvido no, porque ellas les esperan.
“Nosotras no buscamos culpables, buscamos a nuestras hijas e hijos. Queremos que se haga lo que se prometió: entrar, recuperar los cuerpos, identificarlos y entregarlos dignamente a sus familias”, insistió Campos.
El silencio que envuelve a Huajicori no solo es por miedo. Es también por abandono. En sus cerros, entre veredas angostas y caminos vigilados por grupos armados, las historias de las víctimas quedan atrapadas. A los habitantes les queda mirar los ríos, ver pasar cuerpos flotando y callar.
Mientras los cuerpos esperan ser recuperados, Huajicori se vacía. Otros testimonios han contado que las casas de las comunidades serranas han quedado abandonadas u ocupadas por criminales. Alguna personas se quedaron porque no tienen a dónde ir, pero son vigiladas, les pasan lista, controlan quién entra y quién sale.
Hubo familias que huyeron por miedo a los grupos criminales y se refugian como pueden en la cabecera municipal y otros municipios, a expensas de la falta de trabajo, de seguridad, sin su casa, sin sus animales, sin sus cosechas y con hambre.
Las familias no solo buscan a sus desaparecidos, buscan comida, buscan cómo sobrevivir.
Desde el año pasado, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han documentado el desplazamiento forzado en esta región en cuyas tierras abundan minerales como oro, plata, plomo y zinc.
Las autoridades, también desde hace un año, emiten comunicados sobre operativos, decomisos y algunas acciones. Pero no hay lista de afectados ni anuncios para frenar la movilidad y un plan de retorno. El alcalde de Huajicori, Sergio Rangel, niega públicamente que la violencia haya expulsado a la gente. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, reconoce la gravedad del problema y ha enviado ayudas humanitarias, aunque ni él mismo ha podido dar una fecha para recuperar los cuerpos o garantizar que las familias puedan regresar a sus casas sin temor.
Mientras tanto, los habitantes callan. A veces porque el miedo pesa más que las palabras. Otras, porque saben que en Huajicori la vida y la muerte dependen de quién los escuche.