Por Karina Cancino
Daniela “N” es una de las decenas de madres y padres de familia, trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), que regresaron a actividades tras un mes de vacaciones y se encontraron con que el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) UAN, después de 35 años, por primera vez, tenía cerradas sus puertas debido a un aseguramiento judicial y por acuerdos sindicales.
Su horario de trabajo en la universidad es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, debe checar entradas y salidas como los demás trabajadores pero no puede distraerse de su sitio porque podría ser sancionada de acuerdo a las nuevas reglas universitarias.
Imagen: Redes sociales.
Tiene un bebé de 7 meses y tras solicitar su incapacidad antes de dar a luz, previó inscribirle en el CENDI UAN, porque además de que está en la misma universidad, le dijeron que era uno de los mejores espacios para atender el desarrollo de las infancias y acudió a las oficinas a realizar el trámite, pero le dijeron que eso podría hacerlo hasta este lunes 14 de agosto.
En casa, su madre también es trabajadora, por lo que es imposible que le ayude a cuidar a su bebé, aunado a que el padre está ausente y no cuenta con apoyo económico para pagar una estancia infantil particular.
“Me dijeron que el CENDI era una de las mejores guarderías y está dentro del campus, lo que me ahorra tiempo, gasolina y tengo entendido que las cuotas eran de 150 a 200 pesos mensuales, lo que me alcanzaba perfecto, porque en la universidad nos pagan muy poco”, explicó.
Hace unas horas, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN) anunció que debido a la interrupción del servicio de guardería en el CENDI-UAN, las y los docentes que ya contaban con este beneficio, podrían iniciar la gestión del apoyo económico contemplado en la cláusula 143 del Contrato Colectivo de Trabajo, que refiere al servicio y ayuda de guardería.
Daniela y otras personas que tuvieron a sus hijos durante el cierre de las instalaciones de la estancia infantil, no podrán acceder a este beneficio, por lo que tendrán que pagar de su bolsillo, los servicios de cuidado para sus bebés.
El apoyo está contemplado otorgarlo a partir de la segunda quincena de agosto y será de 750 pesos quincenales, es decir, mil 500 pesos mensuales por cada hija o hijo, aunque si ambos padres o madres son docentes de la UAN, el beneficio se otorgará solo por uno de ellos.
La crisis financiera y los recortes en la UAN
Desde 2016, la Universidad Autónoma de Nayarit ha padecido crisis financieras, relacionadas con los desfalcos que le atribuyen a los exrectores Juan López Salazar y Jorge Ignacio Peña, a líderes sindicales, administrativos y a otras personas que están en prisión preventiva o con medidas cautelares, aunado al aseguramiento de bienes e inmuebles que todavía no son destinados para la reparación del daño en la UAN.
Sin embargo, la situación financiera ha provocado que desde 2021, el gobierno del estado, a través del titular, Miguel Ángel Navarro Quintero, intervenga en el panorama universitario alegando el rescate de la institución, ofreciendo recursos y promoviendo políticamente acuerdos con autoridades federales para que actualmente, la rectora Norma Galván y los líderes sindicales, reduzcan erogaciones incluidas en los convenios laborales.
Pero desde 2019, cuando era rector Jorge Ignacio Peña, la SEP y las autoridades estatales habían planeado que el 5 de diciembre fuera aprobada la eliminación, para 2022, del subsidio de la UAN a la cuota obrera del IMSS, con lo que fue eliminada desde el 31 de agosto de 2023 —estaban inscritos con la modalidad 10 que cubría seguro por Riesgo de Trabajo (SRT), Enfermedades y Maternidad (SEM), Invalidez y Vida (SIV), Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV), así como Servicio de Guardería y Prestaciones Sociales (SGPS)—.
Sin embargo, en este 2023, luego de distintas gestiones y la cobertura de adeudos con el IMSS, recuperaron el beneficio pero en el régimen 28 de modalidad voluntaria, que no contempla apoyos como el de la guardería.
El costo del cuidado infantil
Daniela ha tenido que llevar a su bebé a su trabajo para cumplir con su horario y carga laboral —prefiere no dar su nombre completo y adscripción para evitar represalias por emitir su situación —, pero asegura que es imposible trabajar con el bebé en el lugar, además de que considera, no es el sitio adecuado para atenderle y seguir con su desarrollo.
Estaba en la lista de espera desde el semestre pasado, pero viendo la situación, decidió preguntar en instituciones privadas para ver si tenía oportunidad de dejar a su bebé, sin embargo, las inscripciones de uno de los lugares más “baratos” cercanos a su trabajo, le cobra inscripción de 1 mil 900 pesos, más 650 pesos por seguro de accidentes, 2000 mil pesos para material de aseo, una cuota de padres de familia de 700 pesos y una mensualidad de 2 mil 750 pesos que incluye colegiatura, desayuno y comida, con horario de 7:30 de la mañana a 15:30 de la tarde.
Tendría que desembolsar en esta quincena al rededor de 8 mil pesos, que representan más que su ingreso mensual.
“Hay otras en las que te piden inscripción de 5200 y mensualidades de 2 mil 890 pesos, pero son las más caras y tienen horarios reducidos, no me alcanza; y la más barata tendría que pagar ahora 8 mil pesos porque es la que me queda más cerca y con posibilidades para dejar y recoger a mi bebé, pero no me alcanza”, sostuvo.
Además tendrá que tomar en cuenta el pago de la leche, los pañales, médico y otras necesidades de su bebé junto con las de ella y su familia.
Daniela consideró que la eliminación de este tipo de beneficios, que promovieron los líderes sindicales, no fueron revisados bajo una perspectiva de género y afectaron a una gran cantidad de mujeres universitarias, que no solamente tenían a sus hijas e hijos en la guardería sino en los otros institutos creados como parte de los derechos o conquistas laborales.
Imagen: Redes sociales
Aunado a que desde su ingreso a la universidad, hace más de 10 años, no se ha podido reclasificar, ya que, por presión del gobernador Navarro Quintero, se canceló el proceso de reclasificación y basificación al cual había convocado el SPAUAN (Sindicado del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit) en 2022, lo que le significaría mejorar su salario; sin embargo, las reclasificaciones que otorgaron el mismo SPAUAN y la rectoría en 2021 discrecionalmente (sin mediar convocatoria, sin comité evaluador y sin documentación), siguen vigentes.
Actuaciones judiciales
Durante el fin de semana, el Instituto Mártires 20 de Febrero fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Nayarit derivado de las investigaciones en contra del exlíder sindical Luis Manuel Hernández Escobedo y su familia, señalados por distintos presuntos delitos como peculado —contenidos en la carpeta de investigación 3490/2023—.
Las acusaciones refieren que instituciones alternas a la UAN —el CENDI, el Instituto Mártires 20 de Febrero y la secundaria— eran de beneficio económico para la familia Hernández Aguilar, investigada por presuntamente cargar a la universidad, el pago de nómina de estas escuelas donde estaban incluidas amistades, familiares y otras personas.
Aunado esto, a que la SEP instó a la UAN a designar sus recursos únicamente a los servicios de educación superior.
Ante éstas circunstancias, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, desde el 5 de diciembre de 2021, planteó quitar el beneficio de las estancias infantiles, entre otros rubros.
“Estamos platicando para quitar prestaciones que salieron del gasto público o bien situaciones que se vinieron dando por diversas situaciones y no quiero entrar en polémica, que no corresponden a la Educación Superior (sic), la universidad no tiene por qué tener primaria, la universidad no tiene por qué tener secundaria, no es el manejo de los Cendis ahí, tenemos que llevar a la universidad a su propósito fundamental (…) Yo estoy seguro que habremos de convencer a las autoridades”, dijo entonces.
Imagen: Movimiento Padres de Familia Cendi-UAN
En consonancia, el 30 de enero de este 2023, la rectora, Norma Galván, anunció en la conferencia semanal del gobernador Navarro Quintero, la cancelación de las inscripciones y reinscripciones de estudiantes a estas instituciones y que se buscarían espacios para trasladarlos, al igual que con el personal adscrito a estos sitios.
“Estamos escuchando todas las partes, estamos buscando las mejores alternativas y uno de los primeros acuerdos, ha sido que no se puede lanzar una convocatoria nueva de inscripción o reinscripción para el siguiente año”, subrayó.
Algunas y algunos trabajadores universitarios señalan en sus manifestaciones sobre esta situación, que no hubo consulta por parte de los sindicatos en torno al cierre de las escuelas para buscar alternativas y que tampoco les anunciaron sobre esta cancelación definitiva, ya que, en junio pasado, el mismo personal de la guardería y las otras escuelas, dieron a conocer que sí iniciarían actividades del ciclo escolar 2023-2024.
Las únicas noticias que tuvieron fueron los cateos que hizo la fiscalía a estas escuelas y el posicionamiento de la rectoría para dar facilidades al Ministerio Público con el fin de que lleve a cabo sus investigaciones, pero no hubo ninguna información respecto a lo que sucedería con las infancias.
“Varios niños quedaron sin espacios aunque se había anunciado que sí habría inscripciones, o que serían llevados a otras instituciones, porque había una orden del gobernador de reubicarlos, pero mi hermano tiene a su niño ahí, en la primaria, y quedó fuera de la lista; también, en el sindicato dijeron que iban a dar un apoyo de 250 pesos quincenales para las guarderías, pero no sucedió. Yo, al igual que muchos compañeros, estaría de acuerdo con que pagáramos una cuota acorde a nuestros ingresos como trabajadores”, dijo Daniela.
Finalmente, expuso que de no llegar a acuerdos o que definitivamente se planee el cierre de estas instituciones, es necesario que las autoridades consideren otro régimen del IMSS que considere las guarderías, o llevar a cabo un convenio especial porque, de no hacerlo, además de que hay repercusiones económicas, educativas, laborales y otras, también se puede considerar una discriminación hacia las mujeres por no contemplar el ejercicio de la maternidad.
Esto a pesar de que, Norma Galván es la primera mujer titular de la universidad y uno de sus discursos más recurrentes es la lucha contra la violencia y discriminación de género, incluso se creó una Comisión especial permanente de responsabilidades y sanciones de violencia de género, misma que tampoco se ha manifestado al respecto de las exigencias de las mujeres, madres trabajadoras.
Cabe destacar que existe una suspensión definitiva otorgada por un juez de distrito —2073/2023— a una persona menor de edad, estudiante de segundo grado de primaria en el “Instituto Mártires mártires 20 de Febrero”, para que las autoridades estatales y universitarias frenen los actos que afectan a su derecho de educación en ese espacio, que hoy se encuentra cerrado.