Por Karina Cancino
¿Y si le pedimos al presidente que también sea por elección popular el cargo de fiscal general? Ya que anda en esas. Comparaciones con lo que se crítica del Poder Judicial, hay suficientes. Hoy entra en vigor la reforma al artículo 102 constitucional relacionado con la elegibilidad del fiscal general de la República.
En el país y en muchos de los estados la credibilidad de estas personas, en este encargo, tampoco goza de buena salud. Pero siendo el brazo armado y judicial del Poder, es difícil que sea cuestionando, desde cualquier trinchera, porque la libertad de expresión termina cuando se privilegia la libertad corpórea.
Ayer un entrevistable decía que el Poder Judicial debería dejar de liberar delincuentes, matones, etcétera. Y estoy de acuerdo. Pero tampoco nos hemos metido mucho en cuestionar si las carpetas de investigación van bien integradas antes de presentarse en las audiencias. Si cumplen con los protocolos o desde allí, las cosas pintan para esas “liberaciones”. Bueno, también haría falta revisar el papel de las legislaturas respecto a la manufactura de leyes, códigos, procedimientos…
Entre otras cosas, también habría que plantear conocer sobre la salud mental de las y los fiscales. Personas como cualquiera. Seres humanos, pues.
Recuerdo que una vez le pregunté al exlíder del Congreso del Estado, Leopoldo Domínguez, que si después del paso de Édgar Veytia por la Fiscalía estatal con todos los señalamientos de violencia y violaciones graves, ya se hacía necesario que además de los exámenes de control de confianza, se atendiera la salud mental o socioemocional de éstas autoridades.
Al final de cuentas, los casos, los temas, su propia vida, o egos o traumas o situaciones no resueltas, les acompañan todos los días.
Me dijo que no, porque ello violaría el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, las consecuencias de los actos del exfiscal, se siguen pagando caros tras la indiferencia institucional, y por el contrario, la tendencia suena a borrón y cuenta nueva.
En nuestro estado por ejemplo ¿cuántas veces irá a terapia el fiscal general? Después de ver, oír, actuar, convivir, etcétera, con el delito y la criminalidad.
Aunque si lo pienso, terminaría pasando lo siguiente: las personas que realicen ese tipo de examinaciones estarían también contratadas por el Estado, y al momento de dar resultados, adivinen qué pasaría.