Dennis A. García
A finales de octubre de 2014, Juana Alonso Santizo, una mujer indígena originaria del municipio de San Mateo Ixtatán, Guatemala, tenía alrededor de 27 años cuando tomó la difícil decisión de dejar su país en busca del sueño americano.
Con todo y lo que representa el peligro de transitar de manera irregular por México debido a las organizaciones criminales que operan en distintos puntos para secuestrarlos y enrolarlos en sus filas como halcones o sicarios, o bien pedir rescate a sus familiares para ser liberados, Juana logró llegar a Reynosa, Tamaulipas.
Ahí comenzó el infierno para Juanita, como la conocen en su pueblo. Fue secuestrada junto con otras personas por el grupo de polleros. Los manutuvieron en una casa de seguridad hasta el día en que las autoridades estatales realizaron un operativo.
Juana fue detenida en noviembre de ese mismo año, señalada injustamente como parte de la red y acusada por la Fiscalía de Tamaulipas del delito de secuestro.
No entendía lo que sucedía porque no hablaba español, pasó de víctima a victimario. Su caso estuvo plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos. Fue golpeada y torturada para obligarla a firmar su culpabilidad, no tuvo asistencia consular ni mucho menos una defensa y un intérprete
Estuvo privada de su libertad en prisión preventiva durante más de siete años hasta su liberación el pasado 21 de mayo porque la fiscalía del estado solicitó el desvanecimiento de datos.
Para que recuperara su libertad intervinieron distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, el Instituto Federal de Defensoría Pública, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas; incluso el tema llegó a la conferencia matutina donde el presidente se pronunció por su liberación.
Siete años de su vida en prisión preventiva, siete años de injusticia. Cuántas personas migrantes o mexicanos que por su condición sufren estos atropellos. ¿Cuántas juanitas hay?
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2020 se reportó que había 6 mil 889 personas indígenas en las prisiones.
Urge que cada caso sea visto por las autoridades para que puedan recuperar su libertad porque, seguramente, la mayoría está por delitos menores, pero como no contaron con una debida defensa fueron violentados sus derechos.
Al respecto ya hay un avance. Apenas el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reconoció en una columna que “el sistema penal está roto” porque hay personas privadas de su libertad con una serie de irregularidades como delitos fabricados o condenas desproporcionadas; en el tema específico de las personas indígenas, no tuvieron acceso a un intérprete. Por ello anunció que lanzarán un programa piloto que iniciará en Oaxaca y Chiapas.
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