En Contexto
Dennis A. García
En Jalisco se vive el mismo patrón que se dio en su máxima expresión en Nayarit en los tiempos del gobernador Roberto Sandoval y el fiscal Édgar Veytia que operaron para los cárteles de la droga.
Hombres armados y uniformados como si fueran parte de la corporación circulan en camionetas hasta llegar a domicilios, como si fueran operativos de la fiscalía, para privar de la libertad a sus objetivos.
Las autoridades estatales aseguran que se trata de la delincuencia organizada que se hace pasar por elementos de la fiscalía, pero los familiares de las víctimas no dudan que sí pueden estar implicados servidores públicos.
Esa forma de operar en Jalisco para privar de la libertad y desaparecer a personas comenzó en 2019, año que marcó el inicio de la fosa clandestina más grande del país y el sufrimiento de cientos de familias que han quedado desgarradas de por vida.
Ante la incapacidad de las autoridades, los grupos de madres rastreadoras salen en busca de sus familiares con la esperanza de encontrarlos con vida, pero de no ser así, en algunos casos se han resignado a encontrar por lo menos sus restos para darle sepultura y terminar con el sufrimiento.
Durante una charla que tuve con una señora que busca a su hijo me dijo cómo es un día en el forense para las buscadoras. Las bolsas con restos y extremidades que recuperan de fosas clandestinas son almacenadas. Las piernas y brazos los van enumerando al igual que las cabezas y así buscan para identificar si alguna parte (por algún tatuaje o seña particular) corresponde a uno de sus familiares.
Aunque lo puedan identificar, deben esperar a que las autoridades realicen las pruebas de ADN para lograr la plena identificación, lo que implica que puedan pasar hasta casi dos años de espera para que les entreguen el cuerpo o resto óseo de su familiar.
Las cifras son muy variables en cuanto a las personas desaparecidas. Por ejemplo, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco señala que hay 11 mil 300 desaparecidos; mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registros de 6 mil 309 desaparecidos y no localizados en lo que va de la actual administración estatal. Hace falta tener datos más precisos, actualizados y homologados.
En Jalisco se han localizado las dos fosas más grandes del país en la actual administración federal. La primera en Tlajomulco de Zúñiga, municipio en el que en noviembre de 2019 extrajeron 171 cuerpos; mientras que en El Salto encontraron 115 cuerpos en octubre de 2020.
Recientemente, una brigada de madres buscadoras de Sonora, Querétaro y Puebla se unieron a las actividades del movimiento en Jalisco y encontraron otras fosas con más de 50 cuerpos en Tlajomulco de Zúñiga.
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación en la que advierte omisiones e irregularidades como:
– Dilación en la integración de la mayoría de las carpetas de investigación, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.
– Dilación por parte de la Policía Investigadora para realizar las investigaciones ordenadas por el agente del Ministerio Público.
– Se advirtió poco o nulo seguimiento a los datos o información (líneas de investigación) proporcionados por los familiares de las víctimas.
– Demora y negligencia en el desarrollo de las investigaciones son una práctica constante.
– No se solicitó con inmediatez la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida.
– En casi todos los casos no existe un avance real o determinante para la localización de la persona desaparecida, es decir, se da a los familiares reiteradamente la misma información que anteriormente les dijeron.
Las autoridades estatales deben reconocer, como primer paso, que se han visto rebasadas en los trabajos del Instituto de Ciencias Forenses, así como investigar si elementos de la fiscalía no están coludidos con el crimen organizado.
Los familiares de personas desaparecidas exigen saber ¿dónde están?
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