Por Karina Cancino
Jaime Gabriel N., ex comandante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, fue vinculado a proceso por coautoría en desaparición forzada, en una investigación federal que reúne 57 víctimas y 55 cuerpos localizados en fosas clandestinas.
La resolución fue confirmada por Rosa María Jara Montes, madre de una de las víctimas y representante del colectivo En Busca de Nuestros Corazones A.C., quien estuvo de manera virtual en la audiencia y señaló que el proceso forma parte de una carpeta madre de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre desaparición forzada en la entidad.
La buscadora dijo que durante la diligencia, el imputado cambió su defensa pública por cuatro abogados particulares, quienes presentaron un amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Nayarit para intentar invalidar su detención del pasado 25 de junio en el municipio de Jala.
Actualmente permanece privado de la libertad en un reclusorio federal del Estado de Guanajuato.
La defensa alegó que su captura fue ilegal, que el imputado fue incomunicado durante su traslado de Nayarit a Guanajuato, que no se notificó a su familia y que habría sufrido violencia física y emocional durante la detención.
Sin embargo, de acuerdo con la representante del colectivo, el juez desestimó el amparo al recordar que en la audiencia inicial el imputado negó haber sufrido violaciones a sus derechos y que la defensa anterior no hizo señalamientos al respecto.
Tras ser vinculado a proceso, el ex comandante solicitó el suministro de metformina para el tratamiento de diabetes y pidió permanecer en un área de protección dentro del centro penitenciario en Guanajuato, bajo el argumento de haber pertenecido a una institución gubernamental.
La investigación federal se integra como un macrocaso de desaparición forzada en Nayarit y de acuerdo con la denunciante, la carpeta madre concentra 57 víctimas y el hallazgo de 55 cuerpos localizados en fosas clandestinas.
El imputado negó su responsabilidad y señaló que en el año 2017 se jubiló de la fiscalía estatal; sin embargo, la FGR alegó que el hallazgo posterior de fosas no excluye la responsabilidad penal, ya que los restos fueron localizados en condiciones de reducción esquelética, lo que apunta a hechos ocurridos años atrás.
La representante del colectivo señaló que su hijo fue desaparecido junto con otros cuatro jóvenes durante un operativo en el que participaron varias camionetas y un convoy armado que, según un testigo protegido, el excomandante Jaime «N» encabezaba.
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La desaparición de Nicanor Alejandro, ocurrió el 22 de junio de 2017, en medio de una presunta “operación limpieza” registrada en Tepic y otros municipios de Nayarit, en la que desaparecieron masivamente varias personas.
Aparentemente, se buscaba desaparecer indicios de una presunta relación entre autoridades y células de grupos criminales.
Ese operativo se llevó a cabo tras la detención, en marzo de 2017, y proceso por narcotráfico en Estados Unidos del entonces fiscal general del estado, Édgar Veytia, sentenciado en ese país a 20 años de prisión y cinco de libertad supervisada.
Sin embargo, obtuvo su libertad anticipada en 2025, tras colaborar como testigo con autoridades estadounidenses en investigaciones vinculadas a redes criminales, incluido el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Además de esta vinculación, otro declarante en la audiencia apuntó que tras dejar la Fiscalía en 2017, el excomandante Jaime «N» se relacionó con el Cártel Jalisco Nueva Generación y habría participado en reuniones entre autoridades de ese tiempo con integrantes de la delincuencia organizada.
Rosa María dino que también testimonios de víctimas y testigos protegidos lo vinculan con el ex fiscal estatal Edgar Veytia, el ex gobernador Roberto Sandoval y otros ex mandos policiales, que aparentemente estaban vinculados con células delictivas
Durante la audiencia también se expuso el testimonio de una persona que afirmó haber sido víctima de tortura y privación ilegal de la libertad sin registro oficial en el penal Venustiano Carranza, en Tepic.
La representante del colectivo señaló que han surgido nuevas denuncias en Bahía de Banderas sobre desapariciones y posibles actos de tortura psicológica contra familiares de víctimas, que podrían integrarse a la investigación complementaria sobre este expolicía que se mantuvo libre en Nayarit, desde 2017 hasta este junio de 2026.
Mientras tanto, el juez de control fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá ampliar pruebas e incorporar nuevos testimonios.
Durante la audiencia, la defensa pidió precisar las carpetas específicas del caso, lo que generó preocupación entre víctimas por la posible identificación de denunciantes, por lo que solicitaron medidas cautelares y fueron aprobadas, aunque no individualizadas.
Además, la buscadora informó que acudirá este jueves, a una nueva audiencia de imputación contra Francisco N., a quien relacionó con operadores vinculados al ex fiscal Edgar Veytia, el ex gobernador Roberto Sandoval y otros mandos del mismo periodo, también señalado por la desaparición de su hijo y otras personas.
Finalmente, Rosa María Jara hizo un llamado a la fiscal General del Estado de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, para que colabore con la FGR, entregue información de sus carpetas, incorpore elementos de otras investigaciones y actúe frente a funcionarios aún activos señalados por víctimas.
