Por Karina Cancino
El gobierno del estado de Nayarit inició la construcción de un Memorial para Personas Desaparecidas, principalmente por las relacionadas con desapariciones forzadas masivas de 2017, y será un espacio público que busca honrar a quienes no han regresado, visibilizar la responsabilidad del Estado y acompañar a sus familias en la búsqueda de verdad y justicia.
La obra se ubica cerca del Parque de la Dignidad, un terreno defendido durante años como espacio público y ambiental por la sociedad civil – y frente a lo que era Ciudad de las Artes, destruido por el Gobierno estatal para construir un estadio de fútbol-. La elección del lugar, así como el presupuesto y la dinámica de consulta social, ha generado tensión entre colectivos de familiares, autoridades y responsables del parque.
El proyecto fue anunciado recientemente por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien destacó que constará de 18 monolitos, una escultura, bancas, áreas verdes e iluminación, con entrega prevista para el 1 de enero de 2026. Según la administración estatal, la inversión en infraestructura será de aproximadamente 2 millones de pesos, mientras que los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas y otras acciones complementarias permanecen independientes. La presidenta del DIF estatal, Beatriz Estrada Martínez, describió el memorial como “un compromiso de corazón con las familias”, mientras que Navarro Quintero lo presentó como “un símbolo de conciencia y empatía social”.
Memoriales para recordar que fue el Estado…
El concepto de memorial para personas desaparecidas tiene un significado profundo en el contexto de violaciones graves de derechos humanos. No se trata de un gesto simbólico aislado, sino de una herramienta de reparación, memoria y garantía de no repetición que los Estados deben asegurar.
Estos espacios permiten reconocer públicamente a las víctimas, expresar la responsabilidad estatal, ofrecer un lugar de memoria colectiva y personal para familias y sobrevivientes, y servir como recordatorio de que estos hechos no pueden olvidarse ni repetirse. No sustituyen la búsqueda activa ni la sanción a los responsables, y son parte de la reparación integral del daño. La ONU y organismos de derechos humanos destacan que, para cumplir su función, estos memoriales requieren transparencia, respeto al entorno social y participación efectiva de los afectados.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acciones urgentes por 39 casos en Nayarit entre 2012 y 2020, mientras que colectivos documentan 47 personas desaparecidas presuntamente por autoridades estatales, exigiendo investigaciones, búsqueda inmediata y reparación integral para las familias. Las acciones incluyen reparación de daño y garantía de no repetición, que puede representarse con este memorial.
No tiene que ser costoso ni monumental; la simbología, la ubicación y la vinculación con las familias son más importantes que el tamaño o el costo.
Para los colectivos de madres y familiares, el memorial es más que un monumento; es parte de la reparación integral y de la visibilización del daño del Estado. En entrevista, Virginia Garay Cázarez, fundadora del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C., dijo que “no nos van a callar con un memorial, al contrario, se visibiliza el daño que el Estado nos ha hecho. Es una obligación como parte de la reparación del daño.”
Rosa María Jara, coordinadora del colectivo Por Nuestros Corazones, explicó que la finalidad del memorial es reconocer el crimen de Estado, no constituir un panteón masivo. “No necesitamos un panteón. Es reconocer el crimen de Estado que cometió fiscalía. Es una reparación a las violaciones de derechos humanos.” Ambas resaltaron que la infraestructura debe coexistir con la continuidad de la búsqueda, el apoyo a las familias y el acceso a la verdad.
En sus redes sociales, el colectivo Familias Unidas por Nayarit dijo que el memorial presentado hoy representa dolor y esperanza, recordando a sus seres queridos desaparecidos y reafirmando la memoria histórica como un paso hacia la justicia y la paz.
El parque que protege la memoria
El lugar seleccionado para el memorial ha sido uno de los puntos más polémicos, pero ya inició su construcción en un sitio que las autoridades aseguran no forma parte del polígono del Parque de la Dignidad y pertenece al Estado.
Miguel Ángel Arce Montiel, representante del Parque de la Dignidad, explicó que durante la administración del gobernador Roberto Sandoval se intentó vender el inmueble, que había sido anteriormente el Estadio de Béisbol. Tras amparos interpuestos por ciudadanos, Arce Montiel, junto con otras 16 personas, lograron que el predio permaneciera como espacio público. Según el representante del parque, “una ceiba que fue talada durante el gobierno de Roberto Sandoval se volvió a plantar y hoy simboliza la lucha del Parque de la Dignidad. Esperamos que se respete ese símbolo y el entorno natural”.
En 2022, se alcanzó un acuerdo con el gobierno de Navarro Quintero para respetar el arbolado y el entorno ambiental del lugar. “Lo que se pedía era que la parte ambiental no se demuela. Los árboles también son vida”, señaló. Por ello, sorprendió que hace unos días, sin mediación directa con el Gobierno Estatal, se anunciara la construcción del sitio, aunque hubo reuniones con algunas madres buscadoras para discutir la ubicación.
Al difundirse inicialmente que la obra costaría 25 millones de pesos, sectores ciudadanos cuestionaron la prioridad de la infraestructura sobre la búsqueda activa de desaparecidos. Posteriormente, el gobierno aclaró que la inversión real será de aproximadamente 2 millones, mientras que los recursos para la búsqueda permanecen separados.
La postura del gobernador
A la controversia se sumó la declaración del gobernador Navarro Quintero durante la presentación del memorial, porque instruyó a la secretaria de Gobierno, Rocío González, que, si alguien se opusiera a la obra, se utilizara “la fuerza de las instituciones” para garantizar su construcción. Sus palabras son graves en un contexto de memoria y reparación, pues el espacio busca reconocer daños que el Estado ha cometido contra personas desaparecidas.
Una marca de vergüenza estatal ante las desapariciones
Garay Cázarez enfatizó que el memorial “no es un premio, no es algo bonito que el Estado haga. Es grave porque el Estado está aceptando todos los delitos y malos manejos. Es parte de la reparación forzada que debe hacer”.
El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) sobre “Procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves” sostiene que la memoria pública es un pilar de la justicia transicional y debe protegerse con transparencia y participación de los afectados.
Las madres y familiares subrayan que la memoria debe articularse con la acción. Según Garay Cázarez, el memorial debe servir para que “todos se den cuenta que efectivamente está pasando. No nos callan, al contrario, más se va a alzar la voz. Cada desaparecido debe ser reconocido; estas personas existen, son pensantes, y la reparación debe incluir su visibilidad.”
Por su parte, Rosa María Jara recordó que desde 2017 los colectivos buscan un reconocimiento público que trascienda el simple acto simbólico. “Es una reparación integral, porque la justicia no puede dejarse para después, especialmente cuando se trata de desaparecidos. Este memorial reconoce los hechos, visibiliza la responsabilidad y no reemplaza la búsqueda ni la reparación.”
Arce Montiel consideró que a pesar de no haber sido consultados directamente, apoyan la construcción porque representa la memoria colectiva y la convivencia de las familias, pero esperan que el Estado mantenga su promesa de no talar árboles.
Virginia Garay y Rosa Jara recalcaron que apoyan la construcción del memorial, pero exigen transparencia en presupuesto, cronograma y supervisión. También esperan que el presupuesto 2026 para búsqueda, investigación, justicia y reparación sea suficiente.
Aunque se construya el memorial, el gobierno estatal sigue obligado a esclarecer cada desaparición, acompañar a las familias y evitar que ocurran nuevos casos, por acción u omisión.
