Karina Cancino
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) de Nayarit, condenó al gobierno de Tepic, a transparentar toda la información pública relacionada con el viaje que hizo la alcaldesa, Geraldine Ponce en enero pasado a Estados Unidos, además le obliga a que quite la clasificación de reserva que impuso sobre ello.
“(…)Se revoca la determinación del sujeto obligado y se condena a que se ponga a disposición la información solicitada por el recurrente, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se reciba la notificación e informe a este órgano garante su cumplimiento”.
Luego de 8 meses de solicitar el recurso de revisión respecto a la reserva que impuso el ayuntamiento a través de su Comisión y Unidad de Transparencia, el ITAI resolvió el 26 de octubre que hubo agravios en los procedimientos para clasificar la información, ya que la alcaldía no logró comprobar que transparentar esa información, trajera consecuencias graves a las políticas comerciales, económicas y demás.
La solicitud de información inicial refería a que se diera a conocer el motivo y un informe de la reunión con el embajador Esteban Moctezuma en Estados Unidos; cuántas personas y qué función tuvieron sus acompañantes, así como los gastos que generó el itinerario, desde boletos de transporte hasta cualquier otra cosa que pudiera apoyar la supuesta diligencia.
El gobierno de Geraldine Ponce también recibirá sanciones por las anomalías de la clasificación, y no podrá interponer inconformidad alguna, por lo que tendrá que entregar tal cual se le requirió la información.
“(…) Se de vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de Tepic en virtud de actualizarse causales de responsabilidad previstas en el artículo 192 fracción primera en relación con el artículo 194 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Nayarit.”
Hasta el momento, la información no ha sido remitida, y se espera que en los próximos días el ayuntamiento de Tepic acate la resolución y condena del ITAI, para garantizar los preceptos de transparencia vigentes en el estado.
Cabe destacar que el recurrente – quien solicitó la información- ha recibido amenazas a través de llamadas telefónicas anónimas, por este proceso de para acceder a su derecho de conocer información pública, por lo que interpuso una querella ante la Fiscalía General del Estado.