Colectivos buscadores, los que dejaron todo por encontrar a su ser querido
Dennis A. García
Hoy, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es momento justo para visibilizar a aquellas personas que cambiaron por completo sus actividades económicas, familiares y sociales para dedicarse al cien por ciento a buscar a uno de sus seres queridos que se encuentra en calidad de desaparecido.
En México hay alrededor de 100 mil personas desaparecidas pero no se tiene un registro de los que casos en los que hayan participado servidores públicos para tener una estadística a nivel nacional de desaparición forzada, el delito, creo yo, que más conmociona a un núcleo familiar por la angustia emocional de no saber dónde está uno de los suyos.
Los grupos de colectivos de buscadoras, como se les conoce, tuvieron que surgir ante la incapacidad de las autoridades para investigar hasta llegar al paradero de alguna persona; pero esto se agudiza cuando funcionarios de misma dependencia que se encarga de procurar justicia están involucrados.
Los colectivos se han multiplicado y a ellos se han sumado grupos defensores de derechos humanos. Los vemos en Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Guanajuato…que a diario ponen en riesgo sus vidas en busca de alguna pista que los lleve a saber el paradero de su familiar.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.
Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Se producen desapariciones forzadas siempre que: se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento.
De esos casos hay varios en los estados. En lo personal yo puedo hablar, porque lo conozco de cerca por el contacto que he tenido con familiares y defensores de derechos humanos, lo que se vivió en Nayarit en tiempos del gobernador Roberto Sandoval. Desde la oficina del fiscal Édgar Veytia, junto con su socio Carlos Saldate, se ordenaban detenciones arbitrarias y secuestros. Eso lo sabía Sandoval Castañeda y no hizo nada, lo que lo hace parte del crimen de Estado.
No habrá pena que pueda recibir un probable responsable que regrese a la persona desaparecida.
No habrá pena que quite la angustia de no saber cuándo va a regresar tu hijo/a, esposo/a, primo/a…; si va a regresar, si está vivo o muerto…porque eso es lo que mata en vida a un núcleo familiar.
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