Juan Martín Pérez | Opinión
La ONU activó una vía excepcional no para humillar a México, sino para abrir una posibilidad histórica de demostrar que se puede responder a la crisis de desapariciones sin negar a las víctimas ni descalificar a los mecanismos internacionales.
México enfrenta hoy una prueba de Estado, no un agravio diplomático. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar la vía prevista en el artículo 34 no debe leerse como un gesto de humillación contra el país, sino como la apertura de un mecanismo excepcional para que la comunidad internacional considere cómo acompañar una crisis que desde hace años desborda a las instituciones nacionales.
El Comité ha sido claro: no se trata de una sanción penal ni de una condena simbólica, sino de una acción preventiva dirigida a reforzar búsqueda, investigación, análisis forense y cooperación internacional frente a un fenómeno de enorme escala.
La noticia principal no es la molestia del poder, sino la persistencia del daño sobre las víctimas. La pregunta de fondo no es si el Ejecutivo se siente injustamente tratado, sino si el Estado ha respondido con la eficacia, transparencia y sensibilidad que exigen más de 132 mil personas desaparecidas registradas y decenas de miles de restos humanos sin identificar, cifras retomadas por el propio Comité para dimensionar la gravedad del problema.
Cuando una crisis alcanza esta magnitud, el centro de gravedad de la cobertura debe regresar a las familias, a las comunidades y a las niñas, niños y adolescentes que viven entre la ausencia, el miedo, la precarización y el duelo suspendido.
El CED sí forma parte del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Los órganos de tratados existen porque los Estados los crearon mediante convenciones internacionales y sus integrantes son personas expertas independientes elegidas por los propios Estados parte. No es una opinión externa o una intromisión sin base jurídica. No lo es. Se trata de una facultad prevista en una convención ratificada por México y ejercida por un órgano con mandato formal de supervisión.
El CED no habla de la desaparición forzada como una orden presidencial escrita. Lo que el Comité observa incluye participación directa de agentes públicos, pero también autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia frente a patrones prolongados de desaparición. En esa clave, la responsabilidad internacional del Estado no desaparece porque también intervengan redes criminales; por el contrario, se vuelve más apremiante cuando existen indicios de colusión, permisividad, encubrimiento u omisiones graves.
Para el periodismo de infancias, esta historia exige una cobertura más ancha y más humana. La desaparición no es solamente una categoría penal ni un expediente estadístico; es una experiencia que rompe vínculos de cuidado, altera trayectorias escolares, profundiza el miedo cotidiano, deteriora la salud mental y reconfigura la vida familiar y comunitaria de niñas, niños y adolescentes.
Este el momento para escuchar a las víctimas indirectas, evitar encuadres revictimizantes y recordar que la respuesta institucional debe medirse también por su capacidad de proteger derechos en el presente, no sólo por su retórica institucional.
El Estado mexicano está a tiempo de reconsiderar colocando en el centro a las víctimas, y hacer explícita su voluntad de sumar a la comunidad internacional para ampliar sus esfuerzos, sin erosionar la legalidad internacional y sin desperdiciar la oportunidad de construir una respuesta ejemplar basada en verdad, justicia y dignidad.
*Juan Martin Pérez García es coordinador de Tejiendo Redes Infancia
Foto destacada por Karina Cancino