Por Jordan Vladimir Tello Ibarra
El 29 de mayo de 2025, el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció públicamente la demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic para dar paso a la construcción del Estadio de Fútbol “Nicolás Álvarez Ortega”, con una capacidad proyectada de 12,500 personas. Si bien esta intención había sido insinuada durante su campaña y en declaraciones previas, su ejecución materializa una decisión profundamente regresiva para el desarrollo urbano sostenible, al atentar contra el acceso a los bienes culturales, la protección ambiental y los principios de una planificación urbana incluyente.
La Ciudad de las Artes, inaugurada en 2011 con una inversión pública superior a los 54 millones de pesos, no solo alberga a la Escuela Estatal de Bellas Artes, sino que constituye un espacio estratégico para la formación artística, la educación pública y la regeneración ambiental de Tepic.
Su eliminación no ha sido acompañada de estudios técnicos, diagnósticos participativos ni criterios de transparencia presupuestal. Tampoco se han presentado alternativas de reubicación ni mecanismos de consulta ciudadana. Esta omisión institucional no solo compromete el valor cultural y ecológico del sitio, sino que evidencia una visión de desarrollo que desestima los derechos culturales, el ordenamiento territorial y el respeto por los bienes comunes.
Foto: Movimiento de Defensa de la Ciudad de las Artes
La sustitución de un espacio cultural y verde por infraestructura deportiva plantea una serie de problemáticas urgentes:
Tepic enfrenta una alarmante carencia de espacios verdes, con apenas 1.2 m² por habitante, muy por debajo del estándar de 9 m² recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
La demolición de la Ciudad de las Artes, un espacio arbolado y con suelo permeable que albergaba 216 plantas de 26 especies distintas, representa un daño ecológico grave que afecta la recarga de mantos freáticos y disminuye los servicios ambientales esenciales para la salud urbana. Además, este complejo no solo cumplía una función ecológica, sino también educativa y cultural, al ser un entorno propicio para la formación artística y la convivencia ciudadana. Su destrucción significa una pérdida irreparable de biodiversidad urbana y un atentado contra los derechos culturales.
Por otro lado, el proyecto del nuevo estadio “Nicolás Álvarez Ortega” carece de justificación técnica, planificación transparente y criterios claros de operación. En una ciudad que ya cuenta con recintos deportivos subutilizados, como la Arena Cora y el Estadio Olímpico Santa Teresita, resulta irracional destinar 300 millones de pesos a una infraestructura innecesaria, especialmente en un estado con alta dependencia de recursos federales y profundas carencias en servicios públicos básicos.
Imagen : Gobierno del Estado de Nayarit
A la fecha, no se han publicado estudios de impacto ambiental ni procesos de consulta ciudadana, como lo exigen la Ley General de Asentamientos Humanos y la NOM PROY-NOM-001-SEDATU-2020. Esta falta de transparencia alimenta la sospecha de una posible privatización encubierta, lo que podría convertir el acceso al estadio en un privilegio excluyente en lugar de un derecho colectivo, profundizando así las brechas de desigualdad social.
Ante este escenario, es indispensable recordar que el desarrollo urbano no puede entenderse como una simple suma de obras, sino como un ejercicio democrático que debe responder a las necesidades reales de quienes habitan y dan vida a la ciudad. El arte y la cultura no son lujos, sino derechos fundamentales que fortalecen la identidad, la cohesión social y la salud mental de la población.
De igual forma, los espacios naturales urbanos son escudos vitales frente al cambio climático, la violencia y el deterioro del tejido social.
Por todo ello, la exigencia ciudadana para que se detenga la demolición de la Ciudad de las Artes hasta no contar con un plan público, transparente y participativo que garantice la protección del medio ambiente, la continuidad de la educación artística y el cumplimiento de los marcos legales nacionales e internacionales, forma parte de una lucha histórica de la ciudadanía organizada, que en 2013 detuvieron la venta de la segunda etapa de Ciudad de las Artes gracias a un amparo colectivo.
El fomento al deporte es valioso, pero no debe imponerse a costa del arte, la naturaleza y los derechos ciudadanos.
El artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales mediante acciones concretas.
Entre estas, destaca la importancia del aprovechamiento de la infraestructura cultural existente, como las escuelas de danza, música y otras disciplinas artísticas, las cuales deben contar con espacios y servicios adecuados para asegurar su uso intensivo, inclusivo y de calidad. Estas instituciones no solo forman nuevas generaciones de creadores y audiencias, sino que también contribuyen a la cohesión social, la paz y la convivencia armónica. La ley también impulsa el acceso gratuito a eventos culturales en espacios públicos, la promoción de la lectura, la cultura nacional e internacional, y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
En este marco, demoler o debilitar infraestructuras como las escuelas estatales de bellas artes contradice directamente el mandato legal de fortalecer y aprovechar al máximo estos espacios públicos culturales, esenciales para garantizar el acceso universal a la cultura y los derechos culturales de toda la población.
Foto: Christian García Ruano
*Jordan Vladimir Tello Ibarra. Doctor en Ciencias Sociales. Presidente del Instituto de Investigaciones Políticas y Gubernamentales A.C.