Por Karina Cancino
Rodrigo Benítez Pérez, ex subfiscal y magistrado numerario del Poder Judicial, desaforado el pasado 21 de noviembre pasado, señaló al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, por presuntas irregularidades en proyectos de desarrollo inmobiliario y la operación de fondos de inversión, incluyendo posibles casos de despojo, extorsión y manejo ilegal de recursos.
Según el relato del magistrado desaforado y ex subfiscal de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, estos actos habrían involucrado a funcionarios de alto nivel, como el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, el jefe jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena Morales, y otros; además, abogados y empresarios.
Mediante una publicación en sus redes sociales, Benítez Pérez, acusó que debido a la fabricación de delitos para su desafuero, amenazas y agresiones contra su vida, dijo que decidió hacer pública, “poco a poco” la información en conversaciones, audios y documentación que posee sobre irregularidades presuntamente encabezadas por el gobernador Navarro Quintero.
“A un gobernador no se le dice que no“, inició su relato el ex funcionario haciendo referencia a una presunta sumisión política ante la llegada de Miguel Ángel Navarro Quintero como gobernador del estado en septiembre de 2021.
Consulta aquí la publicación original del exsubfical
El exmagistrado narró que, tras la toma de posesión de Navarro Quintero en septiembre de 2021, participó en una reunión clave realizada en una casa de la colonia San Juan, un lugar previamente utilizado durante la campaña, donde estuvieron presentes algunos funcionarios como Juan Enrique Suárez del Real, secretario de Turismo; Juan Echeagaray, ex secretario General de Gobierno, Petronilo Díaz Ponce, fiscal general, el jurídico, Gabriel Camarena Morales y Diana López Zurita.
El también exsubfiscal, hasta septiembre de 2023, explicó que, durante esa reunión, el especialista Carlos Gutiérrez Andreassen del grupo Artha Capital, presentó una estrategia para detonar inversiones millonarias mediante el desarrollo NIA en Bahía de Banderas y que el gobernador Navarro enfatizó que este era “el primer objetivo de su gobierno”.
Aunque el proyecto estaba detenido debido a problemas legales, principalmente por la falta de certeza jurídica sobre un tramo de la carretera vieja a Punta de Mita, gestionado desde el sexenio de Ney González (2005-2011) y desincorporado a nivel federal en 2018, debía entregarse al estado y posteriormente a particulares.
Benítez relata que, bajo órdenes del gobernador, él y Gabriel Camarena Morales trabajaron en conjunto para revisar el estado de los trámites y enfrentar los obstáculos legales, entre ellos amparos interpuestos por el ejido Higuera Blanca y tres juicios civiles con suspensiones otorgadas por jueces locales.
“Nos acercamos con la mesa ejidal a través de una familia de ejidatarios, pero no logramos un acuerdo para el desistimiento del amparo federal”, y ante la falta de consenso, afirmó que el gobernador Navarro les dio un plazo para resolver la situación que culminó en un operativo nocturno con para cerrar el tramo carretero, coordinado por Camarena, Daniel Cortés y otros abogados.
“El operativo se llevó a cabo desde las instalaciones del grupo NIA, cerca de la playa a 3 o 4 kilómetros de la Cruz de Huanacaxtle. Gabriel Camarena rentó habitaciones en el hotel Marival Armony, donde incluso se hospedaron las esposas de algunos involucrados. Con maquinaria prestada por constructores, se removió el pavimento y se entregó el terreno al grupo NIA para evitar que el polígono quedara dividido”, describió Benítez.
El magistrado desaforado también reveló que Camarena habló de un esquema de repartición de beneficios económicos.
“Me dijo que lo recaudado se repartiría entre todos, pero que no le dijera nada a los hijos del gobernador porque estaban ‘locos’ y que, si preguntaba a MANQ, este negaría cualquier conocimiento. También mencionó que los constructores recibirían contratos de obra como compensación por su apoyo”, añadió.
Según Benítez, Camarena también repartió dinero para costear el operativo, y le informó que los constructores que apoyaron el cierre de la carretera recibirían contratos de obra cuando comenzara el desarrollo de NIA.
Benítez expresó que, en ese momento, se sintió desconcertado, pensando que “Camarena se estaba pasando de listo” y que eventualmente sería apartado del equipo de trabajo cuando el gobernador Navarro se enterara de los pagos solicitados por sus servicios.
Testimonios y denuncias apuntan a irregularidades en los operativos de Inbursa en Nayarit
Rodrigo Benítez Pérez, exsubfiscal de Nayarit y magistrado desaforado, compartió su testimonio sobre presuntas irregularidades en la recuperación de los predios Punta Raza I y II, propiedad de Grupo Inbursa, así como en el denominado megaoperativo FIBBA relacionado a un fraude millonario calculado en 21 mil 657 millones 756 mil 800 pesos, que relaciona la compra-venta ilegal de al menos 70 propiedades ubicadas en la antes llamada Riviera Nayarit, ahora Nuevo Nayarit.
Según Benítez, el proyecto fue encargado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y gestionado por diversos actores, entre ellos Gabriel Camarena, Daniel Cortés y la operadora de FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo (exagente del Ministerio Público).
Sobre la recuperación de los predios Punta Raza, Benítez relató que recibió un mensaje desde la Ciudad de México, donde MANQ le indicó que debía apoyar a Grupo Inbursa en la recuperación de la posesión de los terrenos, que llevaban años en litigio.
“Me dijo que teníamos que apoyar a Grupo Inbursa a recuperar la posesión de los predios Punta Raza I y II, porque tenían años en litigios”, relató Benítez.
Fue entonces cuando se puso en contacto con Gabriel Camarena, Daniel Cortés y el abogado Max, quienes participaron en la creación de una carpeta de investigación con una denuncia de FIBBA y posteriormente, el inmueble fue asegurado y la posesión entregada a Inbursa a través de Mota Engil.
Benítez añadió que los abogados de Inbursa, Cortés y Max, también trabajaban para el Gobierno de Nayarit, algo que le llamó la atención.
“Camarena insistió en el tema del recurso económico, también costeó los gastos del operativo y me señaló que me entregaría en cuatro o cinco entregas de dinero mi parte”, explicó.
A pesar de sus dudas, Benítez continuó participando, aunque dijo, se desmarcó de Camarena cuando la relación se tornó tensa y empezó a sospechar que el gobernador no estaba al tanto de los detalles.
En cuanto al megaoperativo FIBBA, Benítez explicó que fue encargado por el gobernador a Gabriel Camarena y su equipo, y en el ámbito de la Fiscalía a él, con el objetivo de asegurar diversos inmuebles relacionados con el exgobernador Ney González.
“La licenciada Ludmila presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía del Estado, y por otra parte, en la Fiscalía teníamos otras carpetas y líneas de investigación con las pesquisas de la UIPE (Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica)”, mencionó Benítez.
Sin embargo, a lo largo de la operación, surgieron discrepancias sobre la veracidad de los pagos relacionados con los inmuebles, lo que generó un conflicto entre Benítez y los involucrados.
“Gabriel Camarena insistía en que no existían los pagos, que todo era falso, que no había entrado el dinero; por lo que se me indicaba en tono cada vez más fuerte que no se levantara ningún aseguramiento”, relató Benítez sobre las tensiones en las investigaciones.
Además, algunos propietarios de los inmuebles asegurados presentaron denuncias contra Ludmila Heredia por falsedad de denuncias, ya que, según ellos, la directora de FIBBA estaba al tanto de los pagos, pero presionaba para que no se contabilizaran correctamente.
Benítez también mencionó que, en sus cálculos, los bienes asegurados podrían devolver al patrimonio del Estado o de FIBBA entre 5 mil a 10 mil millones de pesos. Sin embargo, según él, Camarena empezó a hablar de una cifra mucho mayor, alrededor de 100 mil millones de pesos, y comenzó a mencionar el Fondo Soberano como una posible vía para financiar la operación.
“El licenciado Camarena le empezó a hablar de cantidades mucho mayores a recuperar, algo así como 100 mil millones de pesos, fue cuando empecé a escuchar del tema del Fondo Soberano”, afirmó Benítez.
Según su relato, la estrategia inicial era vender los inmuebles para generar ingresos al Estado, pero luego Camarena y Diana López le presentaron la idea de que los terrenos entrarían al Fondo Soberano, prometiendo rendimientos futuros en lugar de una venta inmediata.
Benítez revela irregularidades en la conformación del Fondo Soberano
La Ley del Fondo Soberano Nuevo Nayarit, publicada el 16 de marzo de 2023, busca financiar pensiones estatales y proyectos mediante la explotación de bienes públicos; sin embargo, la estrategia ha generado desconfianza entre los trabajadores, quienes han presentado numerosos amparos.
Rodrigo Benítez dijo que en junio de 2023, durante un viaje a la Ciudad de México, se discutió el avance del fondo en reuniones con empresarios y funcionarios, entre ellos, Carlos Gutiérrez Andreassen (grupo Artha Capital), encargado de evaluar los bienes, clasificó los terrenos en tres categorías: viables, posibles y deseables, y explicó que los terrenos clave, como los de Nuevo Nayarit y Litibú, enfrentan complicaciones legales y no generarían rendimientos inmediatos.
“Los terrenos que realmente generan ingresos están en la categoría deseable, pero urbanizarlos tomaría años”, señaló.
El gobernador Miguel Ángel Navarro esperaba obtener 5 mil millones de pesos en agosto de 2023, pero estas dificultades provocaron tensiones.
A pesar de las promesas de Gabriel Camarena de solucionar los problemas, el proyecto enfrenta limitaciones, especialmente tras confirmarse que Fonatur solo transferiría la administración, no la propiedad, de algunos terrenos.
Gobernador solicitó la intervención de la FGR para expropiar 800 hectáreas en Bahía de Banderas
El ex magistrado también reveló también una estrategia detrás de la pretendida expropiación de más de 800 hectáreas en Bahía de Banderas, Nayarit, en la que da a conocer que el gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro solicitó directamente el apoyo del Fiscal General de la República para presionar a los apoderados legales de la empresa Bains (compañía involucrada en los terrenos en disputa) y al abogado Héctor Cárdenas Curiel, quienes habían interpuesto amparos que suspendieron el procedimiento.
De acuerdo con testimonios, Gabriel Camarena, cercano colaborador del gobernador, aseguró que se podían imputar delitos relacionados con la ley de Amparo a los representantes legales, argumentando supuestas falsedades en documentos que justificaban su personalidad jurídica.
La estrategia, que incluía la apertura de carpetas de investigación por parte de la FGR, tenía como objetivo generar presión a través de posibles detenciones y forzar el desistimiento de los recursos legales interpuestos.
Según se afirma, el plan incluía amenazas y tácticas de extorsión para ejecutar la expropiación en tiempo récord y sin pago de indemnización, medidas que generaron críticas sobre la falta de análisis jurídico y las implicaciones éticas de las acciones.
Sobre todas estas declaraciones, el gobierno del estado, las y los funcionarios señalados no se han pronunciado, y tampoco se advierte una próxima investigación al respecto.