Karina Cancino
Tepic.- El Congreso del Estado de Nayarit redujo de 7 a 5 el número de Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad, asegura el dictamen, de eficientar recursos y reducir el gasto público.
Con una votación unánime de las y los legisladores nayaritas en sesión ordinaria, respaldaron los argumentos para esta reducción que advierten una productividad mínima con el esquema actual en el Tribunal de Justicia Administrativa.
“En el dictamen aprobado se argumenta que del 24 de enero del 2020 al 31 de noviembre del 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit solo dictó 61 resoluciones; 18 procedimientos de responsabilidad administrativa, 13 recursos de inconformidad, 17 recursos de reclamación y 13 juicios contenciosos administrativos; mientras que el estado de Jalisco durante el 2020 dictó alrededor de mil 254 sentencias y en Sinaloa del 2020 al 2021 el tribunal resolvió 3 mil 950 asuntos.”, compararon.
Además se acordó que no podrán ocupar el cargo en la magistratura anticorrupción, aquellas personas que tuvieron un cargo de elección popular, como dirigentes de partidos políticos o como fiscal general del estado, o secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, por lo menos durante el último año previo a la designación; pasado este tiempo podrán hacerlo.
Aunado a estas disposiciones, las y los legisladores también llevaron a cabo modificaciones para el Poder Judicial de Nayarit, cómo es la d garantizar paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura; asimismo contar con un nuevo esquema de responsabilidades administrativas; y se transmite la competencia de la justicia constitucional al Pleno del Tribunal, fortaleciendo la función de los jueces de primera instancia, consideraron.
Incluso impusieron un candado para integrantes del Poder Judicial, obligando a que no desempeña ningún otro cargo o empleo público, ya que muchos de los magistrados o personal de este organismo, tiene otras ocupaciones, incluyendo cátedras universitarias.
“En relación a fortalecer la función de los jueces de primera instancia, las modificaciones aprobadas señalan que las y los magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura no podrán desempeñar ningún otro cargo o empleo público, ello para garantizar de manera adecuada el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.”, señala lo aprobado.