El derecho en ConTextos
Por: Luis Daniel Juárez García
En México, el crimen organizado no es improvisado ni aislado. En marzo de 2025 se presentó una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que reconoce cómo estas estructuras han evolucionado: usan comunicaciones encriptadas, activos digitales y esquemas complejos. Incluso se plantea que el Estado recurra a inteligencia artificial para enfrentarlas.
El Diario Oficial de la Federación ya publicó lineamientos para aplicar análisis criminal avanzado y sistemas de inteligencia. La Gaceta Parlamentaria de abril de 2025 describe estos grupos como esquemas de aprovechamiento económico con organización permanente. No son amateurs.
En octubre de 2025, el secretario de Seguridad informó al Senado que el gobierno federal tiene identificados cientos de objetivos y decenas de grupos activos, con inteligencia dedicada a su seguimiento. Traducido: hablamos de estructuras con capacidad de operación, logística y continuidad.
Atribuir la masacre de diez ingenieros en Sinaloa a una “confusión” no solo es insuficiente: es ofensivo. Porque sí, “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”.
Testimonios y antecedentes administrativos muestran que la compañía venía sufriendo presiones económicas ilegales. Minimizar esto envía un mensaje peligroso.
Negar o maquillar este fenómeno es como ocultarle a un paciente un diagnóstico grave. Ni la sociedad ni las instituciones pueden actuar correctamente si parten de la negación.
Peor aún, se manda la señal de que las instancias inferiores pueden ignorar los delitos, dejando a las víctimas más solas.
Nombrar el problema no lo agrava; negarlo, sí. Reconocer esta realidad incómoda puede marcar la diferencia entre contener una crisis o permitir que el crimen organizado se normalice.