Por Ginna Medina / #NotasAlAire
En comunicación política, la forma importa tanto como el fondo. No basta con decir: hay que demostrar. Y cuando se trata de recursos públicos, patrimonio personal y decisiones financieras desde el poder, la transparencia no es un gesto voluntario ni una concesión política: es una obligación democrática.
En días recientes, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, optó por una estrategia discursiva que revela más por lo que omite que por lo que comunica. Así como se elaboraron diapositivas bien diseñadas para hablar de “buen gobierno municipal”, también debieron existir láminas claras, ampliaciones fotográficas y cifras destacadas que explicaran —sin ambigüedades— sus declaraciones patrimoniales, el convenio crediticio con una institución bancaria y la escritura pública de una propiedad que ha generado cuestionamientos legítimos en la opinión pública.
No se trata de un asunto estético ni de una exigencia mediática exagerada. En comunicación pública, la transparencia visual y documental es parte del mensaje. Cuando una autoridad elige mostrar gráficos, datos y fotografías para presumir logros, pero evita ese mismo rigor para explicar su patrimonio, el mensaje implícito es claro: hay información que se quiere administrar, dosificar o, en el peor de los casos, ocultar.
Desde la perspectiva de la comunicación política, esto constituye un error estratégico. La opacidad no se neutraliza con discursos emotivos ni con marcos narrativos alternos; al contrario, los fortalece. Apelar al discurso de género como escudo ante cuestionamientos de carácter administrativo o patrimonial no solo es una maniobra comunicacional débil, sino también peligrosa, porque trivializa luchas legítimas al utilizarlas como mecanismo de evasión.
La ciudadanía no está pidiendo privilegios informativos. Está exigiendo coherencia. Si una alcaldesa habla de honestidad, debe comunicar con honestidad. Si presume un gobierno abierto, debe abrir también los expedientes incómodos. En la era digital, donde la opinión pública se construye a partir de datos, contrastes y narrativas cruzadas, la falta de claridad no genera empatía, genera sospecha.
La transparencia no es un acto defensivo, es una herramienta de legitimación. Mostrar documentos, explicar cifras, contextualizar decisiones financieras y permitir el escrutinio público fortalece la credibilidad institucional. Lo contrario —cerrarse, victimizarse o desviar la conversación— erosiona la confianza y alimenta una crisis de percepción que puede volverse estructural.
Hoy, más que nunca, la comunicación política exige congruencia entre el decir y el hacer. No basta con diseñar buenas presentaciones ni con dominar el discurso simbólico; gobernar también implica rendir cuentas con datos claros, accesibles y verificables. Porque en la opinión pública, el silencio nunca es neutro: siempre comunica.