Por Karina Cancino
La desaparición de la declaración patrimonial de la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, del portal oficial de transparencia del ayuntamiento —documento que permaneció visible durante el fin de semana y dejó de estarlo en cuestión de días— reabrió el debate sobre la fragilidad de los mecanismos de acceso y verificación del patrimonio de las principales autoridades en Nayarit.
El “borrón” ocurrió después de que fue exhibida la adquisición millonaria de una casa que, presuntamente, no corresponde con su salario como alcaldesa y exdiputada federal.
Todo esto se da en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura —a la que aspira Ponce Méndez— y en medio de disputas internas en Morena, partido al que también pertenece el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien mantiene clasificada por cinco años su información patrimonial y de pensión.
El caso de Ponce y Navarro refleja las fallas en transparencia, acceso a la información y control patrimonial en el estado. La opacidad no solo afecta la percepción ciudadana sobre la integridad de las autoridades, sino también la capacidad de los órganos de control para verificar aumentos patrimoniales o posibles conflictos de interés.
La casa de Geraldine Ponce
Declaración 29 de mayo de 2025
En los últimos días salió a la luz que Geraldine Ponce adquirió una casa en el Fraccionamiento Arboledas de Tepic, con un crédito hipotecario que, según los registros de la declaración de mayo de 2025, ascendía a 32 millones 320 mil pesos. Sin embargo, en la modificación del 22 de enero de 2026, el monto declarado apareció como 3 millones 232 mil pesos; esta información dejó de estar visible hace unas horas en el portal del ayuntamiento.
Al respecto, la presidenta municipal aclaró en sus redes sociales que la adquisición de una casa por más de 32 millones es “FALSO. Tengo un crédito hipotecario por 3.2 MDP y lo voy a pagar en 10 años…”
Tomando únicamente los salarios netos publicados por la Cámara de Diputados (2018-2021) y la transparencia del Ayuntamiento de Tepic, donde ha sido reelecta para dos trienios (2021-2024 y 2024-2026), Geraldine Ponce habría recibido aproximadamente 2 millones 664 mil pesos como diputada federal y cerca de 2 millones 620 mil 552 pesos durante su trienio como presidenta municipal, sumando un total de 5 millones 284 mil 552 pesos, sin considerar posibles compensaciones o beneficios adicionales.
Declaración 22 enero de 2026
Quién debe observar a Geraldine
La desaparición de información de la alcaldesa constituye un incumplimiento de la obligación de mantener accesible la información pública. Según los artículos 33 y 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las declaraciones patrimoniales deben presentarse en plazos definidos y cualquier incremento patrimonial no justificable debe ser aclarado por las autoridades competentes. El artículo 60 establece sanciones por ocultamiento o falsedad en los datos.
En el ámbito municipal, corresponde al Comité de Transparencia y al órgano interno de control del Ayuntamiento verificar las modificaciones y garantizar la accesibilidad de los datos, de modo que la ciudadanía y los órganos de fiscalización puedan ejercer control sobre la integridad patrimonial de las autoridades.
Opacidad del gobernador
Mientras se debate la información de Ponce, el gobernador Miguel Ángel Navarro mantiene clasificados sus datos patrimoniales, laborales y de pensión en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por cinco años.
En atención a una solicitud presentada el 4 de julio de 2022 (folio 180373122000050), para conocer la situación patrimonial del gobernador, la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza respondió, mediante el memorándum SHBG/DGJ/446/2022, fechado el 10 de agosto de 2022, que la información debía permanecer reservada.
El fundamento legal incluye los artículos 70, 71 y 79 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, así como el artículo 69 fracción I de la Constitución local, que confiere al gobernador la obligación de “cuidar de la seguridad del Estado y de la de sus habitantes, protegiéndolos en el ejercicio de sus derechos”.
Clasificación de la declaración patrimonial del gobernador Miguel Ángel Navarro
“Las comités de Transparencia o equivalentes de cada ente público serán los responsables de clasificar la información de las Declaraciones como reservada, cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, en términos de lo que establezca la normativa en materia de acceso a la información y transparencia aplicable”.
Además, el Capítulo Cuarto, apartado vigésimo del Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción establece que las declaraciones patrimoniales pueden clasificarse como reservadas cuando hacerlas públicas pueda poner en riesgo la seguridad de la persona a la que pertenecen.
Esta reserva no es reciente, la UAN clasificó por cinco años, desde el 26 de agosto de 2022, el expediente laboral y la pensión del gobernador, cuyos ingresos combinados —salario, pensión universitaria y del ISSSTE— suman alrededor de 82 mil 878 pesos mensuales. La medida fue oficializada el 10 de agosto de 2022 mediante el memorándum SHBG/DGJ/446/2022, firmado por el entonces Director General Jurídico, Lic. Ernesto Octavio Medina Arellano, quien justificó que la divulgación “podría afectar las relaciones institucionales y la opinión pública”, evidenciando un patrón de limitación en la publicidad de la información patrimonial de las autoridades más altas del estado.
La comparación de ambos casos muestra cómo la opacidad en las declaraciones patrimoniales puede manipularse con fines políticos. La alcaldesa modificó y luego eliminó su declaración sin que se explique formalmente el procedimiento, mientras que el gobernador mantiene datos clave inaccesibles durante cinco años bajo criterios de reserva.
Estas acciones reflejan que los órganos de transparencia, bajo la influencia del partido en el poder, pueden alinear sus decisiones con intereses partidistas más que con la rendición de cuentas. En Nayarit, esto deja en segundo plano el derecho ciudadano a la información y debilita los mecanismos que deberían garantizar la integridad de quienes ocupan los cargos más altos del estado, evidenciando que, a menudo, la política se impone sobre el interés público.