Por Karina Cancino
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de 2 mil 759 millones 700 mil pesos federales transferidos al Gobierno de Nayarit mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, de acuerdo con la auditoría 1357 de la Cuenta Pública 2024.
El recurso fue destinado principalmente al pago de nómina del personal educativo estatal y pensiones.
Según el informe, el estado comprometió y pagó el 100 por ciento del monto recibido antes de que concluyera el ejercicio fiscal; sin embargo, la revisión no se limitó a verificar que el dinero se gastara, sino que analizó cómo se pagó y si los desembolsos se ajustaron a la normativa federal.
El resultado fue la determinación de un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 294 mil 733 pesos, cantidad que permanece pendiente de aclaración.
En total, la Auditoría cuantificó observaciones por 3 millones 587 mil 295 pesos; durante la revisión, el estado reintegró 1 millón 292 mil 561 pesos, incluidos 5 mil 422 pesos por cargas financieras, pero el resto no fue solventado.
Uno de los hallazgos más significativos se relaciona con pagos que no correspondían al tabulador autorizado.
En una primera revisión se detectaron 2 mil 050 pagos por más de 10 millones de pesos a 880 trabajadores que no coincidían con las percepciones aprobadas; el gobierno estatal logró justificar parte de esos movimientos con documentación adicional, pero quedaron sin aclarar 1 millón 971 mil 962 pesos correspondientes a 108 empleados.
La auditoría también identificó pagos realizados después de la baja definitiva de personal.
Se documentaron 1 mil 693 mil pesos pagados a 36 trabajadores que ya no debían estar en nómina, tras la intervención de la ASF, el estado reintegró poco más de un millón de pesos y presentó documentación para justificar otra parte.
Sin embargo, 322 mil 770 pesos pagados a nueve empleados continúan bajo observación y forman parte del probable daño determinado.
Además, se detectaron pagos por 192 mil pesos a seis trabajadores registrados como fallecidos durante el ejercicio fiscal; en este caso, el monto fue reintegrado junto con las cargas financieras correspondientes.
En materia de transparencia, la Auditoría determinó que las cifras reportadas por el Gobierno de Nayarit a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los informes trimestrales no fueron congruentes con los registros contables y presupuestales internos.
Esta inconsistencia derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el órgano interno de control investigue a los servidores públicos responsables de la información presentada.
El dictamen concluye que el ejercicio del programa fue razonable en términos generales, ya que los recursos fueron comprometidos y pagados en su totalidad; no obstante, documenta incumplimientos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos específicos del programa federal.
La entidad tiene un plazo legal para presentar información adicional y atender las observaciones pendientes.
Mientras tanto, el informe muestra que, aunque el recurso fue ejercido en su totalidad, existen montos por aclarar y pagos que no se ajustaron del todo a la normativa federal aplicable.