Notas al aire
Por Ginna Medina
En comunicación política, pocas cosas son casuales. Cada aparición pública, cada mensaje y cada recorrido territorial responde a una lógica estratégica, incluso cuando se insiste en negar cualquier aspiración electoral. La política contemporánea entendió que posicionarse temprano, aunque sea sin pedir el voto, marca la diferencia.
Por eso no sorprende que proliferen las campañas que dicen no ser campañas; los actores que “no son candidatx”, pero recorren el territorio bajo el pretexto de informar, y la figura recurrente del “invitado especial” en causas sociales; él, la, le políticx ‘influencers’ que inunda las redes sociales con mensajes. Todo ello revela un patrón: una ley electoral que llega tarde y una autoridad que, por acción u omisión, permite que la simulación avance. No es ingenuidad, es cálculo. El incentivo es perverso y claro: adelantarse tiene premio.
Este fenómeno no es accidental ni improvisado. Responde a una estrategia bien conocida: construir posicionamiento sin asumir formalmente el costo legal y político de una campaña. No se pide el voto, pero se ocupa el espacio público; no se reconoce la aspiración, pero se instala el nombre, el rostro y el mensaje. Es la campaña sin campaña, diseñada para moverse en los márgenes de la ley.
La narrativa del “solo informo” se ha convertido en uno de los eufemismos más eficaces del ecosistema electoral. Informar, sin embargo, no es un acto neutro. Seleccionar qué se comunica, cómo se comunica y con qué frecuencia también es una forma de persuadir. Cuando la información se vuelve reiterativa, personalizada y territorializada, deja de ser comunicación institucional y se transforma en promoción política anticipada.
A este esquema se suma el uso estratégico de causas sociales, culturales o asistenciales. La figura del “invitado especial” permite capitalizar simbólicamente luchas legítimas sin asumir el costo de una declaración abierta de intenciones. La causa presta legitimidad; el aspirante gana visibilidad. El límite entre acompañar y utilizar se diluye, y la regulación electoral rara vez alcanza a intervenir a tiempo.
Y como si no bastara, están los actores políticos convertidos en ‘influencers´: aspirantes que no hacen campaña, pero sí contenido; que no piden el voto, pero sí seguidores. En un terreno digital aún sin una figura clara dentro de la ley electoral, el posicionamiento fluye libre, constante y convenientemente sin sanción.
Aquí es donde el problema deja de ser únicamente legal para volverse institucional. Las autoridades electorales, diseñadas para arbitrar la contienda, suelen actuar de forma reactiva, cuando el posicionamiento ya está logrado y el daño consumado. La permisividad —por omisión o por interpretación laxa— termina convirtiéndose en un mensaje político en sí mismo: adelantarse no solo es posible, sino rentable.
El resultado es una competencia desigual. No todas las personas pueden adelantarse de la misma manera. Quien ocupa un cargo público, quien administra recursos o quien tiene acceso permanente a reflectores parte con ventaja. Los vacíos legales no afectan a todos por igual; benefician estructuralmente a quienes ya detentan poder.
Esta normalización de las campañas adelantadas tiene un efecto corrosivo sobre la democracia. La contienda se decide antes de iniciar formalmente, el electorado se satura de mensajes y la legalidad se percibe como un trámite flexible, no como una garantía de equidad. Cuando todo es campaña, nada parece auténtico.
Más que creatividad política, lo que observamos es una sofisticación de la simulación. Y mientras la ley llegue tarde y la autoridad mire al otro lado, el incentivo seguirá intacto. En el cálculo electoral contemporáneo, adelantarse no solo tiene premio: se ha convertido en parte central de la estrategia.