Redacción CTXT Mx.
El denominado “Éxodo por la Justicia y la Dignidad de los Trabajadores”, encabezado por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado (SUTSEM), concluyó la tarde-noche de este lunes 26 de enero con un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, tras una marcha que partió desde el municipio de Tuxpan.
Durante la concentración, líderes sindicales, activistas sociales y asesores jurídicos fijaron posicionamientos en contra de la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien acusaron de criminalizar la protesta social y laboral.
Uno de los principales reclamos fue la exigencia de libertad para cinco trabajadores sindicalizados —Consuelo, Adriana, Ubaldo, Freddy y Héctor Manuel—, quienes enfrentan cargos por ataque a las vías de comunicación, apología del delito y coalición de servidores públicos. Sus abogados defensores y dirigentes sindicales calificaron estas imputaciones como “fabricadas”, con el objetivo, señalaron, de inhibir la movilización social por instrucciones del Ejecutivo estatal.
“Los trabajadores no están solos: si le pegan a uno, nos pegan a todos. ¡Justicia! Golpearon a un pueblo sediento de que se respete su dignidad y sus derechos”, expresó Isaac Cárdenas “Chakín”, activista social que también enfrenta un proceso legal tras manifestar su rechazo a la construcción de un nuevo estadio de futbol en los terrenos de la llamada Ciudad de las Artes.
Entre consignas de “¡Que salga, que salga!”, las y los manifestantes exigieron la presencia de la fiscal general del estado, Mtra. Elvia Ludmila Heredia Verdugo, para que atendiera directamente sus demandas.
“Queremos justicia, queremos ser escuchados. No se trata de criminalizar, como así les gusta hacer las cosas. Usted conoce mejor la ley: ¿qué está pasando?, ¿por qué la violentan? No sé si se encuentra la licenciada Ludmila, pero aquí tiene la oportunidad de salir y escuchar al pueblo”, expresó Concepción —“Conchita”—, integrante del sector de jubilados y pensionados del SUTSEM.
Hasta el cierre de esta edición, no se había informado sobre la apertura de un diálogo formal con autoridades de la Fiscalía estatal.
Posteriormente, al tomar la palabra, el líder sutsemista Oscar Flavio Cedano Saucedo lanzó críticas más severas contra la institución, a la que calificó como una “fábrica de delitos y de corrupción”, al abrir —dijo— carpetas de investigación contra trabajadores, líderes sindicales y actores sociales por ejercer su derecho a la protesta, además de mantener a personas privadas de la libertad por delitos que no cometieron.
“Estamos frente a la Fiscalía General del Estado, que debería procurar justicia para todas y todos, pero hoy es un monumento a la corrupción”, afirmó.
El dirigente sindical sostuvo además que la actual fiscal es un “vestigio del pasado oscuro” de la institución, al señalarla como colaboradora cercana del exfiscal Edgar Veytia, y acusó que su gestión opera “como en los viejos tiempos, con lujo de violencia, abuso de autoridad y policías encapuchados”, lo que —aseguró— derivó en la detención ilegal de los cinco trabajadores mencionados.
“El gobernador quiere desquitarse con la clase trabajadora y con quien piense distinto en la sociedad nayarita. Por eso utiliza a la Fiscalía como un brazo político para agredirnos, para generar miedo y amedrentamiento”, sostuvo Cedano Saucedo.
Asimismo, denunció que Navarro Quintero manipula a la opinión pública mediante “medios comprados y otros amenazados con carpetas de investigación”, con el objetivo de posicionar que los trabajadores representan un lastre para la economía estatal.
“Aquí lo importante es que el gobernador deje de mentirle a la sociedad. Es falso que los trabajadores se lleven el 80 por ciento del presupuesto. El presupuesto para este año 2026 es de 32 mil 268 millones de pesos; la burocracia de base, de confianza y los funcionarios representamos alrededor de 4 mil 500 millones, es decir, el 13 por ciento del total”, detalló.
Finalmente, demandó al Ejecutivo estatal realizar auditorías a los municipios para esclarecer si existen desvíos de recursos destinados a salarios y prestaciones laborales, y recordó las denuncias previas sobre las dos pensiones que recibe Navarro Quintero —una del ISSSTE y otra de la Universidad Autónoma de Nayarit—, situación que, afirmó, derivó en la clasificación de las declaraciones patrimoniales como información reservada durante cinco años.
“Al gobernador no le importa Nayarit; lo único que le importa es hacer negocio con sus obras faraónicas. Si ese dinero se destinara a medicinas, cultura, educación, municipios y salarios, nuestro estado sería distinto”, concluyó.