El activista ambiental y cultural Isaac Benjamín Cárdenas Valdez y el joven “Edgar Iván N” fueron vinculados a proceso este lunes en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic por presunto daño a la moral, según lo determinó el juez Filiberto Rojas García.
Joel Alejandro Fernández, abogado defensor de Isaac, explicó que la vinculación al proceso permite al Ministerio Público continuar con la investigación, la cual podría durar entre un mes y seis meses.
“En este caso, el propio Ministerio Público pidió que fuera solamente un mes y agregó la manifestación de que buscará comunicación con nosotros para agendar las bases o llegar a un acuerdo y plantear en una próxima audiencia una suspensión condicional del proceso”, señaló Hernández Pérez.
El abogado detalló que la suspensión condicional del proceso consiste en detener temporalmente el proceso penal y levantar la medida cautelar impuesta sobre Isaac, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la prestación de servicio a la comunidad.
“Si se cumplen las condiciones en ese plazo, se haría un informe de un supervisor de medidas cautelares al juez y se determinaría que se terminó el proceso penal”, explicó.
Sobre los motivos de la vinculación, Hernández Pérez indicó que el juez consideró suficiente un grado mínimo de probabilidad de que se hubiera cometido un delito, basado en entrevistas de dos policías que inicialmente consideraron que la conducta no era delito, pero posteriormente cambiaron su versión.
“Con el estándar probatorio mínimo que se necesita, estas manifestaciones le bastaron al juez para considerar que existía la mínima probabilidad de que se hubiera realizado el hecho”, afirmó.
La defensa denunció que tanto Isaac como Edgar fueron detenidos de manera irregular, 24 horas después de haber recuperado su libertad tras un arresto administrativo, por elementos vestidos de civiles y armados, quienes ingresaron a sus domicilios y los trasladaron en vehículos sin identificar.
Hernández Pérez calificó esta acción como abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.
“Se estaba fabricando un delito para perjudicar a un ciudadano que es público y ha luchado por defender derechos humanos”, señaló.
El abogado explicó que la Fiscalía desestimó la carpeta de investigación por cohecho, al acreditarse que nunca ocurrió, aunque el juez solo anuló parcialmente los actos de investigación realizados durante la detención.
“Parcialmente nos asistía la razón y parcialmente no, por lo que no se anularon todas las declaraciones de los policías con las cuales se sostuvo el grado de probabilidad”, indicó Hernández Pérez.
En cuanto a las siguientes etapas del caso, la defensa espera la audiencia para plantear la suspensión condicional del proceso, lo que permitiría levantar la medida de resguardo domiciliario que actualmente mantiene a Isaac y a Edgar bajo restricción de libertad.
Hernández Pérez aclaró que “ya no hay probabilidad de que vaya a prisión” y que también se podría interponer un amparo para solicitar la sustitución de la medida cautelar por otra menos restrictiva.
El defensor sostuvo que no es posible negociar la renuncia a derechos constitucionales, como el ejercicio de amparos o la manifestación de ideas, dentro del marco legal del proceso penal.
Sobre el contexto de las detenciones, Hernández Pérez agregó que la actuación de las autoridades genera suspicacia y podría implicar represión contra defensores de derechos humanos.
“Esto nos lleva a preguntarnos qué va a pasar el día de mañana. Al menos en este caso, es propicio solicitar la intervención de organismos de derechos humanos para que analicen el tema y, en caso de que existan responsabilidades, se lleven a cabo”, afirmó.
Asimismo, señaló que la situación no solo afecta a activistas sino también a abogados defensores, lo que podría dejar a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad ante el ejercicio arbitrario del poder.
“El ejercicio de la profesión de abogado debe ser protegido para que pueda llevar a cabo una defensa sin temores”, subrayó.
Finalmente, Hernández Pérez enfatizó la importancia de que los ciudadanos hagan valer sus derechos humanos y denuncien actos arbitrarios.
“Nadie puede estar por encima de la ley. Unos límites que tiene el Estado son los derechos humanos de los ciudadanos”, concluyó.