Somos Nuestra Memoria
Por Boris González Ceja
Asi como Tres Patines, el personaje cómico de La Tremenda Corte, conocido por sus estafas y explicaciones de sus actos en ese programa radial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a dar al traste con la temperatura de la salud mental en México.
Según la Red Orgullo Loco México (organización de pacientes de salud mental), el pasado 11 de septiembre de 2025, la Suprema Corte en sesión plenaria, analizó la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023 sobre el derecho de las personas con discapacidad psicosocial a ser consultadas previamente en procesos legislativos que las afectan.
Durante esta discusión, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf realizó una intervención con comentarios altamente estigmatizantes, ignorantes y discriminatorios, algunos con carga ofensiva: “…enfermos mentales, los que son suicidas… no son discapacitados.
Yo creo que aquí deberíamos de tener una opinión experta, porque hay varios expertos que sostienen que todos los fenómenos de suicidio infantil y demás son personas que tienen discapacidad, incluso están sometidas a medicamentos. Si no toman los medicamentos son un peligro para la sociedad. Y he tenido casos… porque no se distingue, ¿un esquizofrénico es discapacitado o no?, ¿un bipolar, si tiene medicamentos, o no? Es decir, se ha tomado una decisión de que necesariamente los enfermos mentales no tienen discapacidad, y no creo que sea el caso. Solo para la futura sesión en la que se discuta este tema, que tengamos a un experto que nos diga quiénes del sector de enfermos mentales tienen discapacidad o no, y si pueden actuar con su consentimiento…”
Ante estas declaraciones, las personas calificadas como “suicidas”, “enfermas mentales”, “bipolares”, “esquizofrénicas”, expresan lo siguiente:
El prejuicio de que las personas con diagnóstico psiquiátrico son “peligrosas” ha servido históricamente para justificar múltiples violaciones a los derechos.
Es profundamente preocupante que en un espacio como la Suprema Corte —máxima instancia de justicia en el país— se reproduzcan discursos desinformados que deshumanizan y reducen a “objetos” de control, en lugar de reconocerles como personas sujetas de derechos, con dignidad y voluntad propia.
No se trata únicamente de si se certifica como personas con discapacidad o si así se identifican. Lo cierto es que, quienes han sido usuarias de servicios de salud mental, reciben diagnósticos psiquiátricos arbitrarios, o incluso quienes han sido percibidas como tales, estan protegidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México desde 2007 y, por tanto, jurídicamente obligatoria en el país.
La discapacidad psicosocial no es una categoría médica, sino una forma de entender, desde los derechos humanos, cómo ciertas condiciones o experiencias psíquicas —como el sufrimiento mental— pueden interactuar con un entorno que no ofrece apoyos adecuados ni respeta la diversidad.
Por ello, deben reconocerse sus derechos en igualdad de condiciones, incluyendo:
● La capacidad jurídica.
● El consentimiento libre e informado.
● Las directivas anticipadas.
Además, es urgente que existan alternativas de apoyo más allá del entorno hospitalario, que no depositen toda la responsabilidad en las familias y que se sustenten en políticas públicas que garanticen el acceso a vivienda, salud y autonomía comunitaria.
Para garantizar el respeto a sus derechos conforme a la Convención, el Estado mexicano —en especial sus autoridades sanitarias y judiciales— deben:
1. Capacitarse adecuadamente sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, más allá de nociones médicas o clínicas.
2. Escuchar las necesidades, no solo las certificaciones médicas, muchas veces impersonales, rimbombantes y no reflejan las vidas reales.
En este contexto de transición del Poder Judicial, se exige que la nueva Suprema Corte incorpore una perspectiva de derechos humanos y discapacidad que:
– Reconozca la capacidad jurídica de todas las personas.
– Prohíba tratamientos involuntarios.
– Desvincule la discapacidad psicosocial de la supuesta “peligrosidad”.
– Incluya voces expertas por experiencia en las decisiones que afectan. Desde la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (AMDPC) estamos listos para colaborar con las instancias gubernamentales y privadas, ya que contamos con especialistas en temas de salud mental.
Además, si formas parte de la población con problemas de salud mental, debes saber que no estás solo, desde la Asociación podemos ayudarte.
Causas y azares…
• La comedia que se vive con los recursos malhabidos de Adan Augusto en el Senado es una fiel imagen de la corrupción rampante que se vive por parte de todas las camarillas del país, así que a aplaudir se ha dicho, porque justicia no habrá.
Hasta la próxima, que cualquier texto, incluyendo las leyes, es susceptible de interpretación.
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