Por Karina Cancino
Carlos Lara, titular del despacho Artículo 27, adelantó que se prepara una solicitud de amparo en contra de la demolición de Ciudad de las Artes en Tepic, que inició el fin de semana para construir el estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega, impulsado por el gobierno de Nayarit.
Esta obra ideada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, tendrá una inversión total de 300 millones de pesos — presuntamente financiado con recurso propio— y albergará a 12 mil 500 espectadores, en una estructura construida a pocos metros del centro histórico de la capital nayarita.
En entrevista para ConTextos Mx, Lara explicó que, esta acción legal busca frenar la demolición del inmueble y obligar a las autoridades a justificar jurídicamente la desaparición de un espacio público con fines culturales.
Lo que se está planteando es una medida regresiva que afecta el núcleo esencial del derecho a la cultura”.
Lara sostuvo que existen elementos suficientes para que un juez reconozca el interés legítimo de la ciudadanía para que proceda el amparo; por ello, advirtió, es necesario que la ciudadanía organizada participe en el acopio de firmas para interponer este recurso.
Dijo que el proceso que planean impulsar ahora, tiene como antecedente un caso similar ocurrido en 2013, cuando un grupo de ciudadanos promovió un juicio de amparo por la omisión de concluir la obra de la Ciudad de las Artes.
En aquella ocasión, el Juzgado de Distrito resolvió sobreseer el juicio al considerar que “los promoventes no acreditaron tener interés legítimo” y aunque el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —bajo proyecto del ahora ministro en retiro Arturo Zaldivar—, el fondo no se resolvió por la misma razón.
Foto: Nayar Foto
El antecedente de la solicitud de amparo de 2013 recae en que Ciudad de las Artes comenzó a construirse en 2011 mediante un contrato de obra pública entre el Gobierno del Estado y una empresa —en junio de 2010, el exgobernador Ney González informó que la primera etapa tendría un costo inicial de 50 millones de pesos en 41 mil metros cuadrados y “una aportación de la iniciativa privada” hasta la terminación del proyecto ejecutivo—.
Sin embargo, el Congreso autorizó un crédito para su segunda etapa, pero en 2013, ya con Roberto Sandoval como gobernador, se publicó un decreto que permitía al Ejecutivo desincorporar y enajenar el predio.
A partir de ello, surgió la demanda ciudadana por la supuesta violación al derecho a la cultura, al no cumplirse con las expectativas creadas por el proyecto (Amparo en Revisión 566/2015).
Van por la defensa de los derechos culturales en Nayarit
Según Lara, la situación actual es diferente, ya que se trata no solo de una omisión sino de una demolición en curso, lo cual refuerza el argumento de afectación directa a los derechos culturales.
Hoy el interés legítimo está más que acreditado, especialmente después de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos”.
El abogado también cuestionó que no se haya realizado un estudio de factibilidad cultural previo a la demolición, a pesar de que este tipo de evaluaciones están contempladas en la legislación mexicana desde hace más de una década.
“No se puede desaparecer un espacio cultural sin que haya una medida compensatoria, y mucho menos sin estudios técnicos”, subrayó.
Explicó que esta factibilidad está establecida en la Ley de Planeación, que rige el Programa Nacional de Desarrollo. “Y nadie (ninguna autoridad) , desde que se legisló esto en 2011 y luego 2013, que fue cuando se incorporó esta figura, nadie ha hecho un estudio de factibilidad cultural”
Foto: Efraín Arcadia O’Connor
Uno de los argumentos para exigir este estudio es que la Ciudad de las Artes tiene poco más de 10 años “y ya la están tumbado. Ahí se fueron 50 millones de pesos”, dijo.
Criticó el discurso oficial que señala que Ciudad de las Artes era un sitio abandonado, sucio y que se prestaba a la permanencia de presuntos delincuentes.
“Con ese criterio, pues, vamos a empezar a cerrar museos, ¿no? O sea, vamos a ver cuánta gente va y aquellos que no tengan, a juicio de la política o del político en turno, un número de visitas determinadas, los vamos a cerrar, los vamos a destruir, ¿no?Entonces, vamos a tumbar un museo y a poner, pues no sé, un casino, una plaza comercial o un estadio, porque ahí va más gente, ¿no?”, repuso.
Foto: Nayar Foto
¿A quién pertenece Ciudad de las Artes?
Además, Carlos Lara de Artículo 27, señaló que existen dudas sobre la propiedad del terreno, pues tras el decreto de desincorporación en 2013 no está claro si el bien inmueble sigue perteneciendo al estado o fue enajenado.
“Si el gobierno ya no es dueño del terreno y no hay expropiación, entonces hay una irregularidad jurídica“, planteó.
Subrayó que el nuevo amparo busca no solo suspender la demolición, sino sentar un precedente sobre la obligación del Estado de proteger, conservar y garantizar el acceso a la infraestructura cultural existente.
No basta con decir que hay un nuevo proyecto; el Estado tiene la obligación de no retroceder en el ejercicio de los derechos culturales”.
Además del impacto cultural, mencionó posibles daños ambientales por intervenir “un pulmón de la ciudad”, que anteriormente había sido calificado como “la zona más verde de todo el estado” por el propio gobierno de Nayarit.
¿Qué hacer si ya no hay edificio?
Sobre el impacto de un eventual fallo judicial favorable a los amparos, advirtió que, para entonces, el edificio ya estaría demolido, por lo que el gobierno tendría que asumir las consecuencias.
¿Qué hacer si ya no hay edificio? ¿Un anexo? Ya verían los arquitectos cómo lo resuelven”.
En ese sentido, llamó a no desistir y a buscar alternativas antes de que el daño sea irreversible. “No podemos doblar los brazos ahora mismo. Si se quiere hacer algo, es el momento”, dijo.
Foto: Nayar Foto
Amparos en riesgo por la nueva alineación del Poder Judicial
Cuestionado sobre las posibilidades de que prosperen los amparos promovidos por ciudadanos para frenar la demolición de Ciudad de las Artes, ante la nueva configuración del Poder Judicial, tanto local como de la Federación, alineados al oficialismo, Lara sostuvo que difícilmente, jueces, magistrados y ministros actuarán con independencia, y ante ese panorama, planteó que una vía alternativa sería acudir a instancias internacionales.
Habría que ir a la Corte Interamericana, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque aquí ya no hay nada que hacer”.
Foto: Gobierno del Estado de Nayarit
El derecho a la cultura, ignorado
Finalmente, el titular de Artículo 27 recordó que el derecho a la cultura de las personas, está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), leyes complementarias y criterios de la Suprema Corte, que aunque son ignorados por las autoridades, son la base para exigir su cumplimiento.
La disputa por la Ciudad de las Artes, lo que se derrumba no es solo un edificio, sino la confianza en las instituciones que deberían garantizar los derechos culturales de la ciudadanía.
—
*Artículo 27 es un despacho de litigio estratégico especializado en arte, cultura y derechos culturales. Ha logrado suspensiones clave como la cancelación del segundo piso en Zacatecas —junto a sociedad civil e ICOMOS— y obtuvo una recomendación de la CNDH contra el Gobierno de la CDMX por los daños a *El Caballito*. También ha litigado casos como la defensa del Faro Cosmos y la controversia por la desaparición del Fonca.