Pensando en Voz Alta
Por Juan Pedro Barrón
En relación con el denominado “Fondo de Ahorro Nayarit” (FAN) y dejando de lado sus presuntas ventajas para aquellos a quienes resulta aplicable, he recibido información fidedigna que me permite aseverar que se han perpetrado infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por parte de diversas autoridades y responsables del estado de Nayarit, abarcando desde el Poder Ejecutivo hasta organismos descentralizados.
Los datos personales de los trabajadores han sido indebidamente transferidos desde los entes públicos al mencionado Fondo Nayarit.
Esto se manifiesta en virtud de que miles de trabajadores, conforme a un artículo transitorio de la Ley del Fondo para el Retiro Digno de las y los Trabajadores del Estado de Nayarit, de manera expresa y por escrito, optaron por permanecer en el sistema de pensiones en el que se encontraban antes de la entrada en vigor de la referida ley.
Imagen: Gobierno del Estado de Nayarit
En otras palabras, se opusieron a que sus datos patrimoniales y de identificación, entre otros, fueran transferidos al Fondo.
Sin embargo, recientemente, miles de ellos recibieron correos electrónicos de sus empleadores y del Fondo de Ahorro informándoles que su cuenta individual ya había sido abierta y que podían consultar su saldo.
Lo anterior vulnera flagrantemente los principios y deberes que todo responsable debe observar.
Ante la magnitud de los casos en los que los datos personales de los trabajadores fueron indebidamente transferidos a un particular, como lo es el Fondo de Ahorro, el ITAI Nayarit (Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit) debería iniciar una verificación de oficio.
Existe una transferencia indebida de datos patrimoniales sin el consentimiento de miles de trabajadores.
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¿Se puede apreciar la relevancia de contar con un organismo autónomo que salvaguarde el derecho humano a la información y la protección de datos?
Si tales funciones se trasladan a la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza, anteriormente conocida como Secretaría de la Contraloría, ¿creen ustedes que será imparcial en casos como este, donde los responsables incluyen al Poder Ejecutivo y sus Secretarías? Pensemos en voz alta.