Por Karina Cancino
El 22 de junio se cumplieron siete años de las desapariciones masivas en Nayarit, un evento que sigue sin justicia ni reparación.
Familias buscadoras, acompañadas por colectivos, realizaron actividades conmemorativas para recordar y exigir justicia para sus seres queridos.
La mañana del aniversario, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNAY) se reunió frente al Palacio de Gobierno en Tepic para realizar un memorial.
El colectivo hice un llamado a las autoridades para que se involucren más en la búsqueda de las personas ya que aseguran, “les dejan a las familias la carga” de trabajo que debe tener la institución, a sabiendas de que no cuentan con herramientas y padecen otro tipo de circunstancias, como enfermedades, desempleo y otras que sobrevinieron a la desaparición de su familiar.
En 2017, en diferentes puntos de Tepic, Xalisco y San Blas, personas armadas secuestraron a ciudadanos que se encontraban en sus actividades diarias. Muchos nunca fueron vistos de nuevo, y algunos fueron encontrados en las 37 fosas clandestinas descubiertas desde entonces.
Este año, las familias de Nicanor Alejandro López Jara, Karen Estefanía Pérez Moya, Oscar Gabriel Tovar Barajas, y Jair Villafuentes Valdez, todos desaparecidos el 22 de junio de 2017, estuvieron presentes. Sus cuerpos fueron hallados en la fosa más profunda del estado, en La Saucera de Pantanal, Xalisco.
Rosa María Jara Montes, líder del Colectivo Por Nuestros Corazones, denunció la falta de avances en las investigaciones. “Seguimos con la impunidad a todo lo que da, no hay culpables ni una línea de investigación clara”, afirmó.
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta reclasificar los casos como delincuencia organizada, las familias insisten en que se trata de desaparición forzada, con testigos que señalan a comandantes de la fiscalía estatal como responsables.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en su análisis de diciembre de 2021, explicó que las desapariciones masivas de 2017 fueron parte de una “limpia de plaza” tras la captura del exfiscal Edgar Veytia en Estados Unidos y una venganza de grupos criminales a los que supuestamente protegía durante el sexenio de Roberto Sandoval. A pesar de estas hipótesis, no se han comprobado con investigaciones ministeriales.
Desde agosto de 2020, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) pidió al gobierno de México y de Nayarit, realizar todas las acciones necesarias para la búsqueda e investigación de casos de desaparición forzada cometidos en el Estado de Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020.
Las respuestas de las autoridades ha sido la negación de este tipo de desapariciones —en las que participan fuerzas del Estado, y que el ex fiscal Veytia confesó así fue—, además de la destrucción de evidencias y pagos de aparentes reparaciones de daños.
A siete años de estos hechos, las familias siguen sin justicia ni garantía de no repetición, mientras las autoridades continúan sin dar respuestas claras, dejando a los afectados en una constante incertidumbre y dolor.
El problema de la desaparición de personas no ha cesado, se ha sumado el reclutamiento forzado de grupos criminales y otras causas que, no son atendidas por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno ni por la sociedad que se ha hecho indiferente a los problemas que luego, se convierten en causa común.