Octavio Carrillo
Hace pocos días nos enteramos a través de un medio nacional que la declaración patrimonial de modificación del gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro, había sido reservada por el comité de transparencia del la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza mediante acta de fecha 12 de agosto de 2022 argumentado que dar a conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad del mandatario, no obstante que la Ley General de Responsabilidades obliga que todas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben ser publicadas en los portales de transparencia de los sujetos obligados en la fracción XII.
Ahora toca hablar del historial laboral del gobernador en la Universidad Autónoma de Nayarit que hasta hoy es un misterio.
Es de dominio público que el Dr Navarro cobra una pensión de 25 mil pesos mensuales derivada de su transitar en la maxima casa de estudios del estado, sin embargo, mediante solicitud de información se ha solicitado en reiteradas ocasiones el historial laboral del ahora gobernador, pero, lamentablemente la UAN a través de sus servidores públicos se niega a entregar la información.
La solicitud más reciente recibió una rotunda negativa de hacer pública dicha información por el Comité de Transparencia conformado por la Licenciada Ana Rosalía Santos Flores, Titular de la Unidad de Transparencia, Mtro Andrés Garcia Torres, Contralor de la UAN y el Dr Aldo Asunción Zea Verdín Secretario de Administración quienes mediante acta de fecha 26 de agosto resolvieron no entregar la información y reservarla por 5 años porque darla a conocer pondría en riesgo las relaciones intergubernamentales entre el gobierno del estado y la UAN.
Es decir la UAN no quiere informar que horarios y materias dio Miguel Ángel Navarro si es que fue académico o que actividades y por cuánto tiempo realizo como trabajador así como cuál era su sueldo. Todo eso lo reservan bajo argumentos poco convincentes como ya se señaló, pero además sin aplicar los lineamientos generales en materia de clasificación de la información que son obligatorios para todos los sujetos obligados y la propia ley pues no se acredita la prueba de daño y además no señalan que comprende el expediente laboral y de pensionado del Doctor Navarro.
¿Será que no quieren que sepamos que no dio clase y en su lugar lo hacía un interino que también cobraba?
Por lo visto la transparencia es un lenguaje solo de moda y que es selectiva a la hora de cumplirse. Ojalá se recapacite y el gobernador directamente de a conocer su evolución patrimonial y su historial laboral en la UAN.