Karina Cancino
“Mi petición a la sociedad es que no nos etiqueten, que no nos juzguen, que sea empática y se nos acerquen, que no sea una falsa empatía, esto nos puede pasar a cualquiera; la lucha es contra la estigmatización porque ellos tenían historias. El juicio debe exigir saber dónde están, quién les desapareció y por qué les desaparecieron, no se nos perdió un calcetín, son personas”, Alejandra Pérez del Colectivo Familias Unidas por Nayarit.
Los últimos 11 años de la historia de Nayarit, han sido los más oscuros en cuanto a derechos humanos refiere. La llegada en 2011 del gobierno de Roberto Sandoval, fue un parteaguas para este estado de la República Mexicana -que apenas alcanza el millón 235 mil habitantes- porque fue el sexenio (2011-2017) en el que mientras transcurría se denunciaron: abuso de autoridad, extorsiones, desaparición forzada, tortura, y otra serie de delitos que al día de hoy, solo tienen efecto judicial en causas administrativas y daños al erario público, sin apuntalar la defensa de los derechos humanos en todo momento.
Aún más, estos 11 años, han sido las mujeres las más afectadas por otros flagelos: por la desaparición de sus familiares, por la revictimización que han padecido como denunciantes, por la falta de atención integral como víctimas secundarias, y porque la desigualdad de género ya las pone de por sí en esta brecha; pero también, son ellas las que se organizan, buscan en la tierra, y ahora utilizan los mecanismos de defensa de derechos humanos para que sean atendidas.
Cabe destacar que desde el 4 de agosto de 2017, la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, declaró alerta de género en 7 municipios de Nayarit: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixctuintla, Tecuala y Tepic; así como “acciones específicas” en los de mayor población indígena, Del Nayar, Huajicori y La Yesca, y debía de imponerse una serie de acciones para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, máxime tratándose de acceso a la justicia.
Antecedentes de la criminalidad
Al inicio de aquel sexenio -el 24 de octubre de 2011- las principales denuncias por violaciones de derechos humanos se refirieron a la creación y desempeño de la Policía Nayarit, el cuerpo de élite de la desaparecida Subprocuraduría de Justicia del estado como parte de la estrategia del Plan Estatal de Seguridad “Unidos”; se cuestionaba que se mantuvieran encapuchados, en vehículos sin identificación, armados con rifles R-15, y con autoridad para cuestionar a quienes les parecieran delincuentes.
El propio extitular de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CEDH), Guillermo Huicot Rivas Álvarez, declaró en diciembre de 2011 que ese año se habían presentado 42 quejas por abuso de autoridad, 42 por detención arbitraria, así como 82 quejas por inadecuada defensa o búsqueda de justicia. Además 16 de las 25 recomendaciones emitidas ese año, tocantes a ejercicio indebido de la función pública estaban dirigidas a la Procuraduría de Justicia, donde Édgar Veytia fue subprocurador hasta el 18 de febrero de 2013, cuando se convirtió en el primer fiscal de Nayarit.
Desapariciones, indignidad e injusticia
Durante las primeras horas del 22 de junio de 2017 fueron sacudidas más de 20 familias en Tepic, porque hombres armados y encapuchados entraron a domicilios, espacios de trabajo y lugares públicos, para llevarse por la fuerza a hombres y mujeres. El fraccionamiento Jacarandas, Lagos del Country y El Prado entre otros sitios, fueron los lugares señalados en el mayor número de denuncias de desaparición cometidas por particulares y forzadas.
El tema de desaparición de personas en Nayarit comenzó a ganar terreno en los medios de comunicación, aunque antes de 2017 ya había reportes sobre desaparición forzada o cometida por particulares, pero no se denunciaba porque quien procuraba la justicia era el principal presunto responsable, junto con su cuerpo de élite de policías.
El fraccionamiento Jacarandas, Lagos del Country y El Prado entre otros sitios, fueron los lugares señalados en el mayor número de denuncias de desaparición cometidas por particulares y forzadas.
Como datos del flagelo, la Fiscalía General de Nayarit señaló que en los últimos 45 años -de 1974 a noviembre de 2020- se denunciaron 2 mil 81 desapariciones, de las cuales habían catalogado 78 por desaparición forzada, 1 mil 493 fueron clasificados como desaparición por extravíos, 510 por particulares.
Desaparecer en las estadísticas
La última actualización oficial a la que tuvo acceso esta reportera, en noviembre de 2020, señalaba que entre 2017 y ese año se habían denunciado 1 mil 845 desapariciones -523 eran mujeres-; de esas personas 1 mil 099 fueron localizadas; 970 con vida -383 mujeres-.
Los colectivos de búsqueda de personas en Nayarit en su mayoría, son encabezados por mujeres, solamente uno tenía como coordinador a un hombre. Dichos colectivos señalaron que, según sus registros, entre el 2011 y 2017, podrían ser más de 1 mil 200 personas las desaparecidas, aunque las cifras oficiales reflejaban solo 567 (es decir, solo el 47.25%).
Incluso la cifra podría ser mucho mayor ya que hasta antes de marzo de 2017, con Édgar Veytia al frente de la Fiscalía General de Nayarit – sentenciado en 2019 por narcotráfico a más 20 años de prisión en los Estados Unidos- hubo expedientes que se perdieron o fueron archivados, en algunos casos no prosperaron las denuncias porque señalaban a policías o personas ligadas al exfiscal.
En lo que va del 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene un registro total de 147 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 62 son mujeres. De esa cifra, localizaron a 18 y permanecen en el estatus de desaparecidas 12 personas y son 135 personas no localizadas hasta este 30 de agosto. Además fueron 2 personas encontradas sin vida y 16 con vida.
Desaparecidos de todas
En julio de 2020, familiares de personas desaparecidas denunciaron que identificaron a un presunto perpetrador de la desaparición de jóvenes en Tepic, el cual fungía como comandante de la Agencia de Investigación de Personas Desaparecidas, bajo el mando del exfiscal Édgar Veytia; ante ello, la Fiscalía de Nayarit aseguró que no existían denuncias que imputaran de delitos al comandante, pero ofreció vigilancia sobre los servidores públicos.
Datos de la Fiscalía General de Nayarit, revelaron que después de septiembre de 2017 el número de denuncias por desaparición se disparó, de 29 en 2016 a 386 en ese año; luego en 2018 a 611 denuncias, en 2019 hubo 511 y en 2020 fueron 337 denuncias por las tres clasificaciones: desaparición por extravío, desaparición por particulares, y desaparición forzada; la autoridad local reconoció que estos números se debían a que ya no se cobran las denuncias, ni se negaba de establecer la noticia criminal como en las administraciones anteriores.
Sin embargo, las colectivas de buscadoras, también desde 2017 han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a la negativa de practicar diligencias de investigación, integración irregular de averiguaciones, incumplimiento de la función pública y otros. Incluso, desde agosto de 2017, cuando se dio cuenta por primera vez del hallazgo de fosas clandestinas en el Estado – la primera con los restos de 7 personas- también denunciaron diversas violaciones al entonces vigente Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense de la Procuraduría General de la República, que van desde malas prácticas para la exhumación, análisis de contexto, manipulaciones y alteraciones al lugar, y otras, contenidas en la denuncia NAY/XAL-III/CI/1220/2017.
La procuración de justicia es una obligación del Estado y es un derecho fundamental de las personas para que los organismos gubernamentales hagan patentes buscando la verdad, justicia y reparación integral de daños a las víctimas, esto está establecido en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también es reconocido por el derecho internacional, en los artículos 8 de las Garantías Judiciales y 25 de Protección Judicial, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado sobre el deber de los Estados de investigar con la debida diligencia las denuncias de desapariciones: “(…) surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido” (Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párrafo 283).
Mujeres
Existen señalamientos, en los que para las personas agraviadas es evidente el uso de las instituciones y recursos públicos del Estado destinados para promover la desaparición forzada de personas, incluso existe la hipótesis de que al haber sido sentenciado el ex fiscal del estado por narcotráfico en los Estados Unidos, y de haber tenido relación con células criminales, las desapariciones por particulares podrían sumarse a las relacionadas con la autoridad. Debido a ello, las personas agraviadas promovieron junto con la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., una denuncia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
Por ello el Comité llamó al Estado Mexicano -y al gobierno de Nayarit- para emprender medidas urgentes para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos entre abril de 2012 y mayo de 2020, pero las autoridades han solicitado diversas prórrogas para el cumplimiento de las medidas.
Recientemente, el 29 de junio de 2021, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentó el informe de investigación “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad”, donde documenta 47 casos de desapariciones forzadas y 140 restos exhumados de fosas clandestinas, donde señalan a autoridades de la entidad para perpetrar estos hechos con recursos públicos.
Con este informe, la FIDH y sus afiliadas denunciaron crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie investigaciones.
En todas estas denuncias, son madres, hermanas, esposas, amigas y otras mujeres que han enfrentado la desaparición de otra persona, aportando pruebas, datos, información incluso del paradero de involucrados, a costa de su seguridad y subsistencia, ya que en algunos casos debieron dejar sus empleos formales para iniciarse en el autoempleo con la finalidad de no depender de horarios, y salir en búsqueda de su familiar, o recorrer dependencias para insistir en que atiendan sus denuncias.
La vocera del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, Alejandra Pérez señaló que en lo que va del 2021, en sus registros llevan contabilizadas 196 personas desaparecidas de las cuales se han localizado 81, pero las cifras pueden ser distintas a las oficiales, incluso a las que tienen otros colectivos, porque no refieren en su totalidad a denuncias formales, si no señalamientos de personas que acuden pidiendo encontrar a su gente.
En días pasados, el titular de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit (CEDH), Maximino Muñoz de La Cruz anunció una nueva recomendación dirigida a la Fiscalía General de Nayarit, relacionada con omisiones de investigación y contexto de la desaparición de 7 mujeres.
Según el ombudsperson los colectivos de buscadores de personas desaparecidas consideran que a pesar de que hay respuesta a las recomendaciones, hace falta investigar para detener y sancionar a los responsables, aun cuando estos sean funcionarios o servidores públicos, pero que se debe garantizar justicia.
Dijo que esta recomendación en particular se hizo grupal “buscando recabar la mayor parte de pruebas, que nos permita reconstruir parte de la verdad de cómo sucedieron las desapariciones, y la relación que tienen con otras; y es relevante por el tema de desaparición de mujeres y se hizo un seguimiento muy puntual de todas las omisiones en que incurrieron los servidores públicos adscritos a fiscalía, quienes tuvieron conocimiento de los hechos y desde un principio tuvieron responsabilidad de integrar carpetas de investigación y en ciertos casos hubo negligencias, además de que no se atendió la perspectiva de género”, indicó.
En la recomendación se da cuenta de los perfiles de las mujeres desaparecidas: quiénes eran, qué hacían, las características de sus trabajo, algunas eran madres de familia; y el documento resalta por ejemplo, que pudieron ser privadas de su libertad por cuestiones ajenas a sus actividades y se enfatiza en que éstas mujeres pudieron ser víctimas de violencia por razones de género.
El documento de 140 páginas concluye con la solicitud de que estas 7 mujeres se inscriban en un registro de víctimas junto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; que se indemnice a víctimas indirectas, que se atiendan la perspectiva de género; que se inicien responsabilidades administrativas a los servidores públicos que tuvieron la responsabilidad de integrar e investigar los casos, desde policías o cualquier autoridad que haya violentado los derechos de de las mujeres.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha considerado que al existir ineficacia judicial para atender denuncias individuales de violencia contra las mujeres, se propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y propicia mensajes en el que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. (Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Párrafo 388).
Respecto a la desaparición y violencia contra las mujeres, representantes del Sistema Universal de Derechos Humanos, han expresado frecuentemente su preocupación. En fechas recientes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó a representantes del senado y otros su preocupación por la situación de violencia que sufren las mujeres, en el país y en el continente. Especialmente en el contexto de la pandemia
Este año 2021 y el anterior, han sido definitivo para las y los buscadores de personas desaparecidas en Nayarit -incluyendo a defensores locales de derechos humanos- porque sus casos, cuando menos 47, han logrado que sean revisados por instancias u organismos internacionales bajo la lupa de tratados y convenciones que desconocen de posturas políticopartidistas o tramas delictivas instaladas como forma de gobierno en distintas regiones de México.
Tendrán oportunidad de pensar en dignidad y justicia, mientras sostienen la esperanza de ver regresar con vida, a los suyos, esos que pueden ser los nuestros.