Karina Cancino
Tepic.- A partir del próximo 19 de septiembre, alcaldías de Nayarit tendrán a militares en activo o retirados, como directores o secretarios de Seguridad Pública Municipal, ello a propuesta del gobernador estatal electo, Miguel Ángel Navarro, debido a que cuentan con preparación en el Sistema de Justicia penal acusatorio y otras habilidades para enfrentar a la delincuencia, justificó el próximo secretario de gobierno, Juan Echeagaray.
“Un militar de carrera ya tiene los lineamientos de lo que es el nuevo proceso penal acusatorio. Por ello, aceptaron la gran mayoría de ellos tomar esta solicitud y designarán, insisto, como secretarios de Seguridad Pública de sus municipios a militares”, afirmó el también notario público No. 11.
A través de un comunicado, el próximo funcionario destacó que las presidentas y presidentes municipales recibirán una lista con el nombre de militares que cumplen con la preparación para ostentar el encargo en el área de seguridad, aunque no señaló qué alcaldías han admitido esta disposición.
Cabe resaltar que el próximo 19 de septiembre entran en funciones las y los 20 alcaldes electos el pasado 6 de junio en Nayarit, y el gobierno estatal que será encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, representante de MORENA y sus partidos aliados.
La intención que justifica está próxima auroridad, es que los mandos emanados de la milicia tengan la dirección de los cuerpos policiales para que al ser los primeros respondientes en distintos sucesos, puedan fundamentar de mejor manera sus reportes de hechos y se puedan integrar de mejor manera las carpetas de investigación, precisó Echeagaray, quién todavía no dio a conocer si habrá protocolos especiales para prevenir violaciones a Derechos Humanos.
La participación militar en asuntos de seguridad pública en México, han sido cuestionados desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes dejaron a las fuerzas castrenses, los trabajos de prevención de los delitos, la investigación, la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social (…) Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional -precisa el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- que debía cumplir el Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos, se ha posicionado respecto a la militarización de la seguridad pública en la región, y ha determinado en algunos casos, que se han convertido en materia de jurisprudencia, que “(…) dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.
Y recomienda la separación de la función policial de la defensa nacional, que recaen en la policía y las Fuerzas Armadas respectivamente: “ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”, concluyó.
Se espera que llegada la toma de las administraciones municipales, las autoridades ya en el ejercicio del poder, puedan dar a conocer los protocolos de contención o respaldo jurídico para emprender las nuevas estrategias de combate a la delincuencia en los sentidos que refiere a la seguridad pública.